De los Presupuestos Generales del Estado para el 2010 y de las iniciativas aprobadas el 29 de Enero del 2010 en Consejo de Ministros (Plan de Acción Inmediata 2010 y Plan de Austeridad 2011-2103) se desprenden resumidamente con respecto a las medidas que afectarán a los Funcionarios de la Administración General del Estado ;

la retirada de los estímulos fiscales aprobados a mediados de
2008, con la eliminación de la deducción de 400 euros en el Impuesto sobre la Renta.

la elevación progresiva de la edad legal de jubilación hasta alcanzar los 67 años y la posible vinculación de otros parámetros del actual sistema (edad mínima de jubilación, número de mínimo de años cotizados para acceder a la pensión y periodo de cómputo para calcular la pensión, entre otras).

Como parte del Plan de Acción Inmediata para 2010, se establece que durante el 2010 la Oferta de Empleo Público se reducirá, globalmente y sin excepciones, al 10 % de la tasa de reposición de efectivos y no se efectuará ninguna nueva contratación de personal interino.


El Plan de Austeridad 2011-2013 y los Acuerdos Marco contienen una nueva batería de medidas que inciden en el recorte de los gastos. Conjuntamente con el Plan Inmediato, suman los 4,3 puntos porcentuales del PIB en que se estima el esfuerzo de consolidación necesario para el conjunto de las Administraciones Públicas. Las principales actuaciones consisten, entre otras, en la reducción de 1,9 puntos porcentuales de PIB de la remuneración de asalariados (que equivale a un recorte del 4% en términos nominales en comparación con el nivel de 2009).





Ello se conseguiría tanto a través de una práctica congelación de la Oferta de Empleo Público (con una reposición global del 10% de las plazas), como por medio de una fuerte moderación salarial. Para evaluar adecuadamente esta medida, debe tenerse en cuenta que en la actualidad alrededor del 7% de la plantilla de las Administraciones Públicas alcanzará la edad legal de jubilación en este y los próximos tres años.

Antes del 1 de mayo de 2010 el Gobierno aprobará un Plan de Reestructuración del Gasto Público, que comportará una revisión exhaustiva de todos los programas y políticas de gasto de la Administración General del Estado y la racionalización de sus estructuras.

También, antes del 1 de marzo de 2010 se instará a cada departamento ministerial a presentar al Ministerio de Economía y Hacienda una propuesta específica de su departamento, organismos y empresas.


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