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CAMPAÑA DE CSI·F POR LA PRÓRROGA DE LA JUBILACIÓN LOE
 Declaración de CSI·F por la prórroga de la Jubilación LOE.
Desde el año 1991 se viene ejerciendo el derecho a la jubilación anticipada e incentivada al que han podido acogerse miles de docentes tras una larga trayectoria dedicada a la enseñanza pública. Este derecho no es ningún capricho de las Administraciones, sino el reconocimiento del Estado a una generación de docentes que han tenido que actualizarse permanentemente a causa de los vertiginosos cambios educativos y sociales que ha sufrido la sociedad española en los últimos treinta años.
Por eso, CSI·F siempre ha demandado la prórroga cuando se acercaba el periodo de vigencia establecido. Por eso firmó, conjuntamente con ANPE, CCOO y FETE-UGT el Acuerdo Básico de 20 de octubre de 2005, que incluía la prórroga de esta jubilación hasta la finalización de la implantación de lo que luego sería la actual Ley Orgánica de Educación (LOE). El Acuerdo además, incluía la actualización de la Gratificación en un 25%, a razón de un 5% anual, que percibirán en su importe máximo los docentes que se acojan a esta jubilación en el último año de la actual prórroga.
Nota de prensa. CSI·F EXIGE LA PRÓRROGA DE LA JUBILACIÓN LOE.
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CAMPAÑA DE CSI·F POR LA PRÓRROGA DE LA JUBILACIÓN LOE
DECLARACIÓN DE CSI·F POR LA PRÓRROGA DE LA JUBILACIÓN LOE
Desde el año 1991 se viene ejerciendo el derecho a la jubilación anticipada e incentivada al que han podido acogerse miles de docentes tras una larga trayectoria dedicada a la enseñanza pública. Este derecho no es ningún capricho de las Administraciones, sino el reconocimiento del Estado a una generación de docentes que han tenido que actualizarse permanentemente a causa de los vertiginosos cambios educativos y sociales que ha sufrido la sociedad española en los últimos treinta años.
Por eso, CSI·F siempre ha demandado la prórroga cuando se acercaba el periodo de vigencia establecido. Por eso firmó, conjuntamente con ANPE, CCOO y FETE-UGT el Acuerdo Básico de 20 de octubre de 2005, que incluía la prórroga de esta jubilación hasta la finalización de la implantación de lo que luego sería la actual Ley Orgánica de Educación (LOE). El Acuerdo además, incluía la actualización de la Gratificación en un 25%, a razón de un 5% anual, que percibirán en su importe máximo los docentes que se acojan a esta jubilación en el último año de la actual prórroga.
Así lo recogió la LOE en su Disposición Transitoria Segunda que establece la prórroga durante el periodo de implantación, que termina cinco años después de su publicación en el BOE, según se regula en la Disposición Adicional Primera. Como el cómputo de los periodos coinciden con el final de los cursos escolares, la actual prórroga finaliza el 31 de agosto de 2011.
Estando pues próxima la finalización de la última prórroga sin que se haya negociado de nuevo la prolongación, CSI·F EXIGE la apertura inmediata de negociaciones en la Mesa Sectorial Nacional de Educación para alcanzar un acuerdo por las siguientes razones:
El acuerdo de 20 octubre de 2005 en su punto 3 establece que “Antes de finalizar el periodo de vigencia citado se estudiará su prórroga y, en su caso, la modificación de sus requisitos”.
La misma LOE en su Disposición Transitoria Segunda establece que “Antes de la finalización, del periodo de implantación de la presente Ley, establecido en la disposición adicional primera, el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, procederá a la revisión del tiempo referido al régimen de jubilación voluntaria así como de los requisitos exigidos”.
El fracaso de la negociación del Estatuto Docente a pesar de haber acuerdo sindical en el Borrador de Estatuto de 18 de abril, impidió que este punto irrenunciable, tanto para el profesorado como para CSI·F, fuera una realidad
La inexistencia de referencias a la prórroga de la jubilación ni en el documento de negociación del Pacto del Partido Popular ni en el que el Ministro de Educación ha presentado a la Conferencia Sectorial de Educación. Esto ha hecho saltar todas las alarmas en CSI·F pues podemos deducir que ni el Gobierno ni la Oposición tienen ningún interés en incluir este punto ni en el Pacto ni en el Estatuto Docente
La reciente propuesta de alargar la jubilación a los 67 años hace mucho más necesaria la negociación para la prórroga. CSI·F está totalmente en contra de esta propuesta que puede ser muy negativa para los docentes de la enseñanza pública.
Madrid a 1 de febrero de 2010
SECTOR NACIONAL ENSEÑANZA CSI·F
Por todo ello:
CSI·F EXIGE LA REANUDACIÓN CON CARÁCTER URGENTE DE LA NEGOCIACIÓN EN EL MARCO DE LA MESA SECTORIAL
CSI·F INICIA UNA RECOGIDA DE FIRMAS ENTRE EL PROFESORADO TRAS CONOCER LAS ÚLTIMAS PROPUESTAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL PRINCIPAL PARTIDO DE LA OPOSICIÓN QUE NO CONTEMPLAN LA PRÓRROGA
CSI·F ENTREGARÁ LAS FIRMAS RECOGIDAS AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y AL PARTIDO POPULAR PARA QUE CONOZCAN LO QUE PIENSA EL PROFESORADO
CSI·F PIDE A TODO EL PROFESORADO UN ULTIMO ESFUERZO. NO IMPORTA QUE HAYAN FIRMADO OTROS MANIFIESTOS PUES AHORA HAY MUCHAS MÁS RAZONES Y LO QUE QUEREMOS ES SUMAR
CSI·F PROPONDRÁ MOVILIZACIONES SI NO SE ACEPTA LA PETICIÓN DE NEGOCIACIÓN EN LA MESA SECTORIAL
NOTA DE PRENSA.
CSI·F EXIGE LA PRÓRROGA DE LA JUBILACIÓN LOE.
Desde el año 1991 se viene ejerciendo el derecho a la jubilación anticipada e incentivada al que han podido acogerse miles de docentes tras una larga trayectoria dedicada a la enseñanza pública. Este derecho no es ningún capricho de las Administraciones, sino el reconocimiento del Estado a una generación de docentes que han tenido que actualizarse permanentemente a causa de los vertiginosos cambios educativos y sociales que ha sufrido la sociedad española en los últimos treinta años.
Por eso, CSI·F siempre ha demandado la prórroga cuando se acercaba el periodo de vigencia establecido. Por eso firmó, conjuntamente el Acuerdo Básico de 20 de octubre de 2005, que incluía la prórroga de esta jubilación hasta la finalización de la implantación de lo que luego sería la actual Ley Orgánica de Educación (LOE). El Acuerdo, además, incluía la actualización de la Gratificación en un 25%, a razón de un 5% anual, que percibirán en su importe máximo los docentes que se acojan a esta jubilación en el último año de la actual prórroga. Así lo recogió la LOE en su Disposición Transitoria Segunda que establece la prórroga durante el periodo de implantación.
Estando pues próxima la finalización de la última prórroga sin que se haya negociado de nuevo la prolongación, CSI·F EXIGE la apertura inmediata de negociaciones en la Mesa Sectorial Nacional de Educación para alcanzar un acuerdo por las siguientes razones:
El acuerdo de 20 octubre de 2005 en su punto 3 establece que “Antes de finalizar el periodo de vigencia citado se estudiará su prórroga y, en su caso, la modificación de sus requisitos”.
La misma LOE en su Disposición Transitoria Segunda establece que “Antes de la finalización, del periodo de implantación de la presente Ley, establecido en la disposición adicional primera, el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, procederá a la revisión del tiempo referido al régimen de jubilación voluntaria así como de los requisitos exigidos”.
El fracaso de la negociación del Estatuto Docente a pesar de haber acuerdo sindical en el Borrador de Estatuto de 18 de abril, impidió que este punto irrenunciable, tanto para el profesorado como para CSI·F, fuera una realidad
La inexistencia de referencias a la prórroga de la jubilación ni en el documento de negociación del Pacto del Partido Popular ni en el que el Ministro de Educación ha presentado a la Conferencia Sectorial de Educación. Esto ha hecho saltar todas las alarmas en CSI·F pues podemos deducir que ni el Gobierno ni la Oposición tienen ningún interés en incluir este punto ni en el Pacto ni en el Estatuto Docente
La reciente propuesta de alargar la jubilación a los 67 años hace mucho más necesaria la negociación para la prórroga. CSI·F está totalmente en contra de esta propuesta que puede ser muy negativa para los docentes de la enseñanza pública.
Por todo ello, CSI·F exige la reanudación de la negociación en la Mesa Sectorial Nacional de Educación. CSI·F inicia una campaña de recogida de firmas entre el profesorado, tras conocer las últimas propuestas de la Administración y del principal partido de la oposición que no contemplan incluir la prórroga en el Pacto por la Educación que se está negociando.
CSI·F propondrá movilizaciones en caso de que no se inicie con prontitud la negociación sobre dicha prórroga.
Madrid a 1 de febrero de 2010.
SECTOR NACIONAL ENSEÑANZA CSI·F
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EL GOBIERNO TIENE QUE APOYAR MÁS A MUFACE PARA GARANTIZAR SU FUTURO
 La renuncia de dos importantes compañías médicas a suscribir el concierto de MUFACE para los años 2010 y 2011 ha obligado a muchos miles de docentes a cambiar de forma obligatoria de compañía antes del 31 de enero con la amenaza de que en caso de no hacerlo, serían incluidos de oficio en la asistencia de la Seguridad Social. Los problemas han surgido cuando han tenido que optar por otra compañía o la Seguridad Social en un plazo corto de tiempo. Pero, además, han surgido otro tipo de inconvenientes relacionados con la prestación del servicio como: Imposibilidad de continuar con el médico que les trataba ya que ahora no aparece en las nuevas listas, dificultades puestas por las compañías que abandonan para autorizar servicios, negativa a continuar tratamientos empezados y no finalizados, a pesar de la obligación legal de hacerlo, etc.
INFORME DE LA SITUACIÓN DE MUFACE TRAS LA RENUNCIA DE TRES ASEGURADORAS A RENOVAR EL CONCIERTO EN 2010
MUFACE necesita más apoyos del Gobierno Central para asegurar su futuro
(Fuente: Escuela 3853, 4 de febrero de 2010)
EL GOBIERNO TIENE QUE APOYAR MÁS A MUFACE PARA GARANTIZAR SU FUTURO
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La renuncia de dos importantes compañías médicas a suscribir el concierto de MUFACE para los años 2010 y 2011 ha obligado a muchos miles de docentes a cambiar de forma obligatoria de compañía antes del 31 de enero con la amenaza de que en caso de no hacerlo, serían incluidos de oficio en la asistencia de la Seguridad Social. Los problemas han surgido cuando han tenido que optar por otra compañía o la Seguridad Social en un plazo corto de tiempo. Pero, además, han surgido otro tipo de inconvenientes relacionados con la prestación del servicio como: Imposibilidad de continuar con el médico que les trataba ya que ahora no aparece en las nuevas listas, dificultades puestas por las compañías que abandonan para autorizar servicios, negativa a continuar tratamientos empezados y no finalizados, a pesar de la obligación legal de hacerlo, etc.
Las quejas se han multiplicado en estos meses de cambio por los motivos reseñados, aunque es un fenómeno que iba creciendo en los últimos años como puede verse en el informe que hemos elaborado en CSI·F y que se incluye en este número de Debate. Las quejas no son más que la manifestación externa de un problema que se ha ido generando de forma larvada, pero que ahora empieza a aflorar para preocupación nuestra y de todos los funcionarios docentes. Con nuestro informe, que se ha remitido o se va a remitir a todos los Centros, CSI·F quiere dar la voz de alarma porque entiende que este modelo de asistencia sanitaria que se presta a la mayoría de los docentes, está siendo poco apoyado por la Administración Central y, tememos por su futuro.
Lo penoso del caso es que hace algo más de dos años un Informe de Price Waterhouyse Coopers para la Patronal del Seguro en España –UNESPA- advertía que, si no se mejoraba la financiación del mutualismo funcionarial, el modelo de asistencia sanitaria haría crack en poco tiempo. Pasado este breve periodo de tiempo, hemos visto las primeras manifestaciones de la advertencia. Dos importante compañías médicas dicen adiós a MUFACE porque con la financiación que reciben no pueden ofrecer una asistencia sanitaria de calidad y prefieren tomar ese camino antes que ajustar sus servicios a la aportación económica con la consiguiente rebaja en la calidad de los mismos.
El 85,29% de los funcionarios eligen el modelo de asistencia sanitaria mediante una entidad médica aseguradora, un dato que manifiesta el altísimo apoyo con que cuenta el modelo. En nuestro informe reseñamos otros datos sacados de la Memoria de MUFACE de 2008. En ella se puede comprobar que las compañías que ahora se van son las que más crecieron en 2008, que las reclamaciones han crecido un 22,1% desde el 2004, que el gasto farmacéutico ha crecido en 2008 en un 6,6%, que el Estado aporta un 40% menos para la asistencia de los acogidos a MUFACE que a la Seguridad Social-
El informe elaborado añade otros datos que vienen a confirmar la precariedad en que se va a encontrar la Mutualidad en un futuro inmediato si no se toman medidas con rapidez. Las garantías adicionales del convenio suponen un 3% más en el índice de siniestralidad, la población envejece y necesita más asistencia sanitaria (no menos. A esto añadimos la discriminación que sufrimos los funcionarios que cuando nos jubilamos tenemos que seguir pagando el 30% de los medicamentos, precisamente cuando más se necesitan, frente al 0% que tienen que pagar los jubilados del Régimen General de la Seguridad Social.
Ante esta situación, CSI·F manifiesta su malestar y su exigencia de que los funcionarios tengamos un trato adecuado a los servicios que prestamos al Estado y a nuestra condición de ciudadanos con los mismos deberes, pero también con los mismos derechos. Difícilmente podemos entender que nuestra asistencia sanitaria sea más barata que la del Sistema Nacional de Salud y que encima se deje de la mano para que poco a poco se haga inviable y perdamos un modelo de asistencia al que se acoge la gran mayoría de los funcionarios. Una pérdida que ocasionaría el colapso total de la Seguridad Social pues si ya las listas de espera son difícilmente soportables, con la incorporación de más de 2,5 millones de beneficiarios las dificultades se verían multiplicadas y la calidad del servicio notablemente rebajada.
Eliseo Moreno
Presidente Sector Nacional Enseñanza CSI·F
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Europa sí protege al profesor
 Desde tratar de «usted» al maestro y levantarse cuando entra en clase hasta multas a los padres que acuden a los centros con malos modales. Estas son algunas de las normas en los colegios de nuestros vecinos para reconocer la autoridad del docente.
La iniciativa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, de aprobar la «Ley de Autoridad del Profesor» ha abierto un encendido debate, aunque todos los sectores educativos coinciden en la necesidad del reconocimiento legal de la autoridad del profesor y en su dignificación social.
Se trata de que los docentes no se vean indefensos ante el acoso y la violencia de los alumnos o de sus padres y de que los delitos contra ellos pueden ser considerados como atentado contra la autoridad. Una ley al respecto constituiría también un refuerzo moral para un profesorado excesivamente desmoralizado. ¿Qué ocurre en nuestro entorno? A continuación realizamos un recorrido por los países más representativos.
FUENTE: ABC 4/2/2010
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Desde tratar de «usted» al maestro y levantarse cuando entra en clase hasta multas a los padres que acuden a los centros con malos modales, estas son algunas de las normas en los colegios de nuestros vecinos para reconocer la autoridad del docente:
Normas de cada país
Gran Bretaña
Una agresión a un maestro se equipara con un delito contra un agente del orden.
Un padre con malos modales puede ser multado hasta con 575 euros.
Se producen 250 agresiones a docentes cada año en las escuelas.
Italia
Los alumnos se ponen en pie cuando el profesor entra en el aula.
Los maestros no sufren el fenómeno de la indisciplina que se vive en otros países.
El mayor problema está en la integración de los estudiantes inmigrantes.
Francia
Los menores pueden sufrir penas de cárcel por agredir a un profesor.
Hay parejas o patrullas de policías en las propias escuelas y sus inmediaciones para vigilar a la convivencia.
El diálogo entre padres, policías, jueces y docentes no siempre da resultados.
Centroeuropa
Los docentes y los alumnos se tratan de usted. Los segundos saludan siempre o se levantan cuando entran en clase los primeros.
El profesor espera de los estudiantes un amplio grado de debate e intervención en la clases frente al estilo unidireccional.
Las familias rotas perturban la vida escolar.
Países nórdicos
Los profesores pueden confiscar cualquier objeto, desde gorras a móviles.
Está prohibido masticar chicles, caramelos, chillar e insultar.
Los padres son avisados por SMS si su hijo hace novillos o se porta mal.
La iniciativa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, de aprobar la «Ley de Autoridad del Profesor» ha abierto un encendido debate, aunque todos los sectores educativos coinciden en la necesidad del reconocimiento legal de la autoridad del profesor y en su dignificación social.
Se trata de que los docentes no se vean indefensos ante el acoso y la violencia de los alumnos o de sus padres y de que los delitos contra ellos pueden ser considerados como atentado contra la autoridad. Una ley al respecto constituiría también un refuerzo moral para un profesorado excesivamente desmoralizado.
¿Qué ocurre en nuestro entorno? A continuación realizamos un recorrido por los países más representativos.
UNIÓN EUROPEA
Motivación y formación
La Comisión Europea insiste en que para mejorar la educación lo más importante es atraer a la enseñanza y conservar a personas cualificadas y motivadas. Así lo reconocieron los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea en una cumbre celebrada en 2006, donde se acordó que «el profesorado rinde un servicio de considerable importancia social al desempeñar un papel fundamental para que las personas puedan cultivar sus talentos y alcanzar su desarrollo y bienestar personales, así como para ayudarlas a adquirir conocimientos y habilidades clave que necesitan como ciudadanos».
GRAN BRETAÑA
Padres «intrusos» por malos modales
Las agresiones contra los trabajadores del sector público, desde médicos a maestros, están tipificadas como «agresión grave», lo que de alguna manera las equipara con los delitos contra los agentes del orden. Hasta esa realidad, la Policía y la Fiscalía se habían resistido a llevar adelante su acción si en el asalto la víctima no sufría heridas graves.
El Ministerio de Educación ha indicado que desde 2000 se ha producido una media de 250 agresiones anuales contra profesores en las escuelas. Aunque su número no ha bajado, los colegios pueden responder con más contundencia a esas situaciones, ya que «las pautas que ahora tenemos convierten en más grave el ataque contra los que trabajan en el sector público».
La Ley de Educación de 1996 ya contempla perseguir a los padres que, sin llegar a una agresión grave, en su visita a la escuela se comportan de forma inadecuada. El padre tiene permiso para entrar en el centro para determinados propósitos, pero si emplea malos modales pasa a ser considerado «intruso», con la posibilidad de una multa de 575 euros.
ITALIA
«Bulling» entre alumnos
En Italia, cuando el profesor entra en clase, los alumnos se ponen en pie. Este gesto es considerado una muestra de respeto en las aulas, donde la mayor parte de los profesores no sufren los problemas que se viven en los centros educativos españoles. En el pasado se han registrado casos aislados de agresiones contra profesores, pero el problema en Italia es otro, el conocido como «bulling», es decir las vejaciones y agresiones entre alumnos.
La cuestión, según los expertos italianos, no es sólo educar, sino buscar la raíz del problema, porque en la mayor parte de los casos, cuando se pregunta a los menores por qué lo han hecho la respuesta es desoladora: «Nos aburríamos». Pero el problema va más allá, porque en muchos casos son los alumnos inmigrantes los que sufren las vejaciones, como le sucedió recientemente a un joven de Kosovo que se vio obligado a cambiar de colegio por los continuos ataques por su nacionalidad.
FRANCIA
La violencia, un drama en la escuela
La violencia escolar resulta un drama en las escuelas francesas, donde son frecuentes los casos de maestros víctimas de adolescentes. Sucesivos gobiernos han tomado medidas de muy diversa índole: se ha modificado la Ley para poder castigar con mayor severidad, incluso con penas de cárcel para menores; se han creado patrullas policiales especiales; se han instaurado puestos de policías dentro de las mismas escuelas...
Pero los delitos no siempre han descendido, la represión no siempre ha funcionado. Y el diálogo entre padres, maestros, jueces y policías no siempre da los resultados esperados. Sin embargo, con matices, Gobierno y oposición comparten los principios básicos de la política nacional en materia de lucha contra la violencia escolar. El presidente Nicolas Sarkozy expresó en la campaña que le llevó a la presidencia de la República que «soñaba con una Francia donde los niños se levantasen cuando entrara el profesor en la estancia y lo llamaran de usted al dirigirse a él».
La presencia de patrullas de policías en las inmediaciones de los colegios es una realidad. La persecución judicial de los violentos, con matices a la hora de aplicar una pena severa, es uno de los principios cardinales de una crisis contra la que nadie tiene recursos milagrosos.
CENTROEUROPA
Con el «usted» por delante
En la escuela centroeuropea (Alemania, Austria, Polonia, Hungría, República Checa), los profesores y alumnos se tratan de «usted». Los estudiantes saludan o se levantan cuando entran en clase los docentes, y sólo se interviene con permiso del maestro. Pero, el profesor espera de los alumnos un gran grado de debate en la clase frente al estilo español más unidireccional.
El aspecto que más afecta al deterioro escolar es la desestructuración familiar y el subproducto de la nueva pobreza infantil. Como resultado, han surgido identidades inestables, presión social y accesos inusitados de violencia que han producido ataques mortales contra institutos, como los de Erfurt (2002), Emsden (2006) y Stuttgart (2009). Por eso, algunas escuelas se están equipando con sistemas de alarmas.
PAÍSES NÓRDICOS
Un modelo ejemplar
No es casualidad que los países nórdicos, con Finlandia a la cabeza, tengan la mejor educación del mundo. Un éxito que se basa en recursos y respeto. Suecia, por ejemplo, destina un 7,2% de su PIB a la educación, dedicada al profesorado como la base del sistema. Ser profesor en Escandinavia es comparable a ser arquitecto, médico o ingeniero.
Los docentes pueden confiscar cualquier objeto, incluidos gorras y móviles, que son tabú en las clases. Está prohibido mascar chicle, caramelos, chillar, insultar o decir tacos. El mal comportamiento o los novillos reducen la puntuación final. Se ha recuperado la asignatura de «Buenos modales». Los profesores avisan por SMS a los padres si su hijo no ha ido a clase y cualquier alumno, con demasiadas ausencias no justificadas, repite curso.
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CSI·F EN PRENSA:
Eliseo Moreno: “Nuestro Pacto es el Estatuto docente”
 El presidente de CSI·F Enseñanza considera "imprescindible llegar a un acuerdo sobre el Estatuto antes del Pacto".
CSI.F pone en marcha la segunda fase de su campaña ‘Por una Educación de calidad’ y presenta propuestas de mejora para el sistema educativo
(Fuente: ESCUELA 5, 21 de enero de 2009 Núm. 3.851 (53)
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Eliseo Moreno: “Nuestro Pacto es el Estatuto docente”
(Fuente: magisnet, 21/01/2010)
El presidente de CSI-F Enseñanza considera "imprescindible llegar a un acuerdo sobre el Estatuto antes del Pacto"
“Nuestro Pacto es el Estatuto, ya que es lo que realmente afecta a nuestra profesionalidad como docentes”. Son las palabras del presidente de CSI-F Enseñanza, Eliseo Moreno, para el que “es imprescindible, de cara al profesorado, llegar a un acuerdo sobre el Estatuto docente antes del Pacto”, ya que es la normativa que afecta las condiciones laborales de los profesores.
Eliseo Moreno lamenta que “desde la primera reunión del pasado 30 de abril, en la que se constituyó la Mesa Permanente, el ministro no haya vuelto a convocar a los sindicatos para hablar del Estatuto docente”. El presidente de CSI-F recuerda que Ángel Gabilondo se comprometió a tratar el Estatuto después de las vacaciones de verano y a que la negociación partiera del alto consenso ya alcanzado, que corresponde al acuerdo de la Mesa Sectorial del 18 de abril de 2007”.
Moreno realizó estas consideraciones sobre el Estatuto el pasado jueves, durante una rueda de prensa convocada para presentar una serie de propuestas de mejora del sistema educativo, que han enviado al ministro para que las tenga en cuenta. Entre ellas destacan el respeto al profesor y la consideración del esfuerzo en la consecución de metas y objetivos. Para el presidente de CSI-F “la ausencia de esfuerzo crea ciudadanos pasivos incapaces de progresar y que enseguida son presas del pánico, se bloquean con facilidad, se deprimen y no encuentran salidas”.
Con respecto a la Secundaria, Moreno exige que “se pongan en marcha itinerarios en este tramo y que se oferten los PCPI en todos los centros y su acceso se adelante a los 14 años para determinados alumnos”. También aboga por “recuperar el ejercicio de la memoria entre los alumnos y darle mayor valor a los contenidos”, ya que, según él, “no existe pedagogismo sin contenidos”.
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Profesores y centros, prioridades para los agentes sociales
 Estatuto, carrera profesional y jubilación LOE, en la agenda de los sindicatos.
Profesores y centros, prioridades para los agentes sociales
PROPUESTAS PARA UN PACTO SOCIAL Y POLÍTICO POR LA EDUCACIÓN
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Segregar o flexibilizar la educación
 Separar a los alumnos de 4º de ESO despierta juicios encontrados en los expertos - Las medidas en torno al pacto requieren un gran esfuerzo económico
El asesor educativo del Banco Mundial Juan Manuel Moreno asegura que es necesario contestar a estas preguntas para que el pacto por la Educación que el Gobierno está promoviendo quede claro. Unos creen que la medida más novedosa planteada en el documento para el pacto presentado la semana pasada por Educación -hacer dos vías en 4º de ESO, una orientada a la FP y otra, al bachillerato- es, efectivamente, para flexibilizar el sistema. "La clave es no crear vías que no conduzcan a ningún sitio", dice el presidente de la asociación de directores de centros públicos (Fedadi), José Antonio Martínez, recordando que la propuesta es que cualquiera de las dos vías, al final, no cierren la puerta ni del bachillerato ni de la FP: todos los alumnos elegirán lo que quieran.
Fuente: El PAÍS 01/02/2010
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"¿Se conseguirá más calidad y menos fracaso anticipando la selección de los estudiantes en la ESO? ¿Se trata de impulsar la lógica de la selección -lo más temprana posible- o la del aprendizaje para todos, de un sistema capaz de dar respuestas diferenciadas a personas distintas? En otras palabras, ¿tenemos que construir un sistema educativo del siglo XXI en el que quepan todos o hay que ir de nuevo a un sistema del siglo XIX en el que, más allá de la primaria, sólo invirtamos en la educación de unos pocos?"
El asesor educativo del Banco Mundial Juan Manuel Moreno asegura que es necesario contestar a estas preguntas para que el pacto por la Educación que el Gobierno está promoviendo quede claro. Unos creen que la medida más novedosa planteada en el documento para el pacto presentado la semana pasada por Educación -hacer dos vías en 4º de ESO, una orientada a la FP y otra, al bachillerato- es, efectivamente, para flexibilizar el sistema. "La clave es no crear vías que no conduzcan a ningún sitio", dice el presidente de la asociación de directores de centros públicos (Fedadi), José Antonio Martínez, recordando que la propuesta es que cualquiera de las dos vías, al final, no cierren la puerta ni del bachillerato ni de la FP: todos los alumnos elegirán lo que quieran.
Sin embargo, los que hagan la vía de la FP en 4º no estarán bien preparados para hacer luego el bachillerato. "No son vías, son niveles, uno alto y otro bajo", se queja el profesor de la Universidad de Valencia José Gimeno Sacristán. Para él, la idea de que los buenos irán hacia el bachillerato y los malos, que suelen ser los socialmente más desfavorecidos, hacia FP, está en otro punto del documento, el que dice que la evaluación de 3º de ESO servirá para "orientar" al alumno hacía una u otra vía. Para Moreno, esa iniciativa es "otro intento de acercamiento por parte del Gobierno para no frustrar de entrada las posibilidades de pacto. Imagínense las consecuencias organizativas y presupuestarias de la puesta en marcha de estos perfiles en los institutos. En todo caso, sería viable plantear una mayor optatividad en 4º, pero veo difícil ir más allá sin terminar pasándonos a la propuesta del PP de, simplemente, reducir la ESO en un año [y hacer un bachiller de tres cursos en vez de los dos actuales]".
El presidente de Fedadi (que defiende la iniciativa, y el bachillerato de tres años) también ve esas las dificultades técnicas, aunque no le parecen insalvables, de encaje con otras medidas ya en marcha como la diversificación curricular (clases reducidas con contenidos suavizados) o los programas de cualificación profesional inicial (PCPI) para los chicos en riesgo de fracaso, donde aprenden los rudimentos de un oficio, obtienen un certificado profesional y la oportunidad de sacarse igualmente la ESO o pasar a la FP de grado medio. Otra de las iniciativas del documento de pacto es que a todo alumno que vaya a repetir 3º de ESO se le ofrezca la posibilidad de ir a uno de esos programas, uno de los cuales, los PCPI, es de hecho iniciar la FP. Sobre estas alternativas siempre ha planeado la amenaza de segregación, y sus defensores apuntan que la clave del equilibrio está en que sean opciones minoritarias, que no se generalicen.
Para Gimeno, todo esto puede volver a desprestigiar la FP como opción de segunda, para los peores alumnos, a no ser que se haga de una vez una formación profesional de mucha calidad y con una buena y amplia oferta. Ésta es la intención expresada por el Gobierno, a la vez que se hace un sistema flexible, con muchas vías de entrada, salida y regreso entre la ESO, el bachillerato, la FP y la universidad. Pero es un proyecto muy caro, como muchas otras iniciativas que recoge el documento: más plazas de educación infantil, refuerzos y apoyos tempranos, una carrera docente que permita escalar según los méritos, en definitiva, más medios y mejores profesionales. "Hay poca conciencia en el documento sobre las enormes implicaciones presupuestarias", dice Moreno.
Se trata, en cualquier caso, de infinidad de medidas básicas cuya puesta en marcha tiene más que ver con el dinero que con las posibilidades que permite la legislación. José Torreblanca, uno de los autores del texto Un pacto de estado para mejorar la educación en el estado autonómico, del colectivo Lorenzo Luzuriaga, admite bondades en la propuesta ministerial, pero se queja de que, al final, se vuelva a querer solucionar todo a través de la ley, a través del cambio del sistema educativo. Precisamente, a Julio Carabaña, profesor de la Complutense, la reforma de 4º de ESO le parece "trivial", ya que, asegura, "todo lo que quieren hacer se podía haber hecho con la LOGSE [ley del PSOE, de 1990], la LOCE [del PP, 2003] y se puede hacer con la LOE [norma actual, de 2006]".
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Un pacto educativo por 11.000 millones
 Sólo tres autonomías alcanzan el gasto medio sobre el PIB de la UE al que aspira el Ejecutivo
"Las convicciones se demuestran en los presupuestos". El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, repite con insistencia este eslogan como una advertencia a las comunidades autónomas. Su propuesta, en el marco de la negociación del pacto educativo, de llegar a la media europea de inversión en enseñanza, el 5,3% del PIB, requeriría una inyección extra de 10.945 millones de euros anuales sobre el presupuesto general de educación de este año, que asciende a 43.779 millones.
El esfuerzo sería sostenido sobre todo por las autonomías, pero no todas están por la labor. Sólo tres hacen ya un esfuerzo económico a la altura: Extremadura (5,80% del PIB, con 1.053 millones), Castilla la Mancha (5,58%, 2.061) y Murcia (5,22%, 1.470).
Fuente: PUBLICO 02/02/2010
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Madrid tendría que duplicar su presupuesto para alcanzar lo exigido
A la cola se encuentra Madrid, con un 2,46% de inversión. El Gobierno de Esperanza Aguirre debería duplicar su inversión actual (4.784 millones) para alcanzar la media de la UE. Baleares, que tiene uno de los mayores índices de fracaso y abandono escolar, es la segunda que menos dedica a Educación (2,99%). Catalunya, que ahora gasta el 3,09%, ha comprometido en la memoria económica de la Ley de Educación de Catalunya un esfuerzo que la sitúe en el 6% del PIB en los próximos años.
"Si no hay financiación no hay credibilidad", volvió a sentenciar ayer Gabilondo en una entrevista en la Ser. La respuesta del PP a estas diferencias de inversión ha sido proponer que el compromiso económico del pacto corra del lado del presupuesto de la Administración General del Estado. El Ministerio de Educación recibió 3.085 millones de euros de esa caja para el gasto en 2010. Con las competencias de Educación transferidas a las comunidades autónomas, el dinero disponible para Gabilondo es inferior al presupuesto de Madrid, Catalunya o Andalucía.
De los 26 folios del documento que los conservadores aportaron al pacto educativo, tan solo hay seis líneas sobre el esfuerzo inversor que requiere la educación. "Proponemos la creación de un Fondo para la Cohesión y la Calidad de la Educación con arreglo a los Presupuestos Generales del Estado", dice la propuesta de los conservadores.
"No puede ser que el Gobierno invierta menos que Madrid sola", alega el PP
La réplica del PP
El portavoz del PP en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados, Juan Antonio Gómez Trinidad, explica con el siguiente ejemplo en qué consiste esta medida: "Si se detecta que es necesario un esfuerzo en formación de profesores y se hace un plan para ello, el ministerio pagaría el plan con arreglo a las necesidades de cada comunidad. No puede ser que el Gobierno invierta en total menos dinero que la Comunidad de Madrid sola". La propuesta de Gómez Trinidad que forma parte del grupo del PP que negocia el pacto con reuniones semanales en el ministerio supondría una tutela impropia del Estado de las Autonomías.
"Hay 3.000 alumnos que cursan sus estudios en barracones en el Estado español [1.208 en la Comunitat Valenciana, 1.046 en Catalunya y 800 en Andalucía]. Eso se debe a recortes presupuestarios permanentes", reclama el presidente del Sindicato de Estudiantes, Tohil Delgado. La demanda de los alumnos es compartida por los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, que exigen un esfuerzo que llegue al 7% de la riqueza autonómica.
El ministerio asegura que el texto presentado la semana pasada para su debate público es un compendio de 35 propuestas. La Consejería de Educación de Castilla la Mancha propone firmar un compromiso de todas las administraciones para llegar al 6% del PIB. "El objetivo debe ser la excelencia, pero no estamos dispuestos a dar ni un paso atrás en la equidad y en la igualdad de oportunidades", explica el viceconsejero de Educación, Pedro Pablo Novillo.
Objetivos mínimos
La meta del 6% del PIB es más ambiciosa que la propia propuesta del Gobierno, tal y como reconoció Gabilondo en la última conferencia sectorial de Educación (reunión de todos los consejeros en el ministerio): "Pondremos un objetivo mínimo y, si alguna lo supera, pues bienvenido sea".
Gabilondo: "Los centros concertados tienen los mismos derechos y deberes"
El problema diagnosticado por la comunidad educativa (padres, alumnos y sindicatos) es saber en qué se va el gasto de las comunidades. "La educación concertada incrementó un 292% sus fondos de 1993 a 2006. Eso ha esquilmado la escuela pública", denuncia el Sindicato de Estudiantes.
El ministro, ante los micrófonos, coincide con ese análisis: "La escuela concertada no puede ocupar un lugar que no sea subsidiario. Me preocupa que la mayoría de los alumnos inmigrantes o los discapacitados estén en su mayoría en los centros públicos. Los centros sostenidos con fondos públicos deben tener los mismos derechos y deberes".
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La reforma que quiso pactar el PP
 dfrancesch@magisnet.com
El 18 de enero el PP presentó en Toledo su documento de reforma en el marco del Pacto por la Educación. Para ello reunió a consejeros del partido y representantes de entidades afines. ¿Quedará algo de esta propuesta en el posible Pacto?
Sin cambio de modelo no hay Pacto posible. El PP quiere que el Gobierno reconozca el fracaso del modelo actual que, para el principal partido de la oposición, es el modelo socialista iniciado en la Logse y en el que seguimos. Ninguna concesión, por tanto, al tópico según el cual cada Gobierno cambia la legislación educativa a su antojo y así, claro, no hay forma de garantizar buenos resultados. Cuando todavía no se ha implantado un sistema ni se han comprobado sus resultados, viene un nuevo Gobierno y lo cambia.
Fuente: magisnet 03/02/2010
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La reforma que quiso pactar el PP
El 18 de enero el PP presentó en Toledo su documento de reforma en el marco del Pacto por la Educación. Para ello reunió a consejeros del partido y representantes de entidades afines. ¿Quedará algo de esta propuesta en el posible Pacto?
Sin cambio de modelo no hay Pacto posible. El PP quiere que el Gobierno reconozca el fracaso del modelo actual que, para el principal partido de la oposición, es el modelo socialista iniciado en la Logse y en el que seguimos. Ninguna concesión, por tanto, al tópico según el cual cada Gobierno cambia la legislación educativa a su antojo y así, claro, no hay forma de garantizar buenos resultados. Cuando todavía no se ha implantado un sistema ni se han comprobado sus resultados, viene un nuevo Gobierno y lo cambia. Nada de eso.
Rajoy lo recordó en Toledo: “llevamos más de 20 años con el mismo modelo educativo aprobado por el Partido Socialista porque la Ley de Calidad aprobada durante el gobierno del PP, no entró en vigor porque el actual Gobierno la liquidó sin debate alguno mediante un decreto ley a las 48 horas de alcanzar el Gobierno”. Por lo tanto, o hay cambio de modelo o no hay Pacto.
Y las bases del nuevo modelo deben asentarse sobre tres pilares: calidad, libertad y formación común a todos y en todo el Estado. Ése es el cambio de modelo que el PP quiso asegurar en el marco del Pacto y del que no sabemos si el Gobierno –con el permiso del PSOE– estará dispuesto a admitir.
El documento ministerial, en este sentido, tiene muchas sospechosas lagunas en temas esenciales como para contar con la aprobación del PP. Es más bien un documento continuista, que recoge muchas propuestas generalistas e inconcretas, ya presentes en la LOE, objetivos europeos, pequeñas reformas, como la de un 4º de ESO con dos opciones: la dirigida al Bachillerato o la FP, y otras buenas intenciones.
Y sin embargo, y pese a que entre más de 100 propuestas bien se podrían haber incluido todas las demandas de los padres en cuanto a la libertad de elección y de ejercicio de la Educación, el documento la omite por completo.
Sí se menciona, en cambio, el deber de asegurar la escolarización equitativa del alumnado con necesidades educativas especiales, con especiales dificultades de aprendizaje, alumnado inmigrante o procedente de minorías étnicas o culturales entre todos los centros públicos y concertados, pero sin aludir a que se les dotará de los mismos medios y financiación acorde con este deber de escolarizar equitativamente.
La libertad de las familias queda supeditada a la “programación de la administración educativa”.
Y a pesar de que el Gobierno actual fue el primero en no respetar la estabilidad normativa, derogando la LOCE, ahora se permite afirmar en el documento de debate que “de cara al futuro es necesario lograr soluciones dialogadas y, por ello mismo, estables y duraderas”. Y en lo que respecta a la necesidad de realizar reformas legales como demanda el PP, ahora el Gobierno pide que nos pongamos de acuerdo “en la mejor aplicación, y en su caso mejora de las ya existentes”. El documento afirma que “existe todavía un largo camino por recorrer, dentro del marco normativo actual, para impulsar y mejorar el modelo y la cultura educativa”. Pero deja abierta la puerta. “De todo ello se deduce que si como consecuencia del Pacto se estima que debe realizarse algún cambio normativo, se promoverá y se hará”. Eso sí, con el apoyo de dos tercios del Parlamento.
En definitiva, el PP insiste en que “desde 1990 en España se ha implantado un modelo educativo (el de la Logse) que con muy leves retoques viene funcionando desde hace ya 20 años”. La tesis de la “inestabilidad” del sistema educativo español como causa de sus males carece pues de fundamento.
Si vamos a los datos objetivos, los resultados de este modelo, lejos de ser satisfactorios, constituyen un “rotundo fracaso”, en palabras del PP. En primer lugar, se constata un grave fracaso escolar (el 30,9% de los alumnos no culmina la enseñanza obligatoria), un alarmante abandono escolar prematuro sin cualificación profesional alguna (31,9%) . Además de un “deterioro de los valores del esfuerzo, de la responsabilidad y de la autoridad, que resultan imprescindibles para el éxito de la tarea educativa”, como viene recordando la oposición y otras muchas instancias ajenas a la política.
También se presentan graves deficiencias en el aprendizaje de las materias básicas a lo largo de las diferentes etapas educativas. En datos, un 25,7% de alumnos con el nivel 1 o menos de competencia, el más bajo en escala de lectura de PISA; y un 24,7% con el nivel 1 o menos de competencia, el más bajo en escala de Matemáticas de PISA.
El PP constata también la “incapacidad” para lograr unos niveles de excelencia en conocimientos y competencias homologables a los sistemas educativos de otros países.
Un 1,8% de alumnos con el nivel 5 –nivel de excelencia– en la escala de lectura de PISA, frente al 16,7% que obtiene Finlandia; y un 7,3% de alumnos con un nivel 5 y 6 –nuevamente el nivel de excelencia– en la escala de Matemáticas frente al 24,4% obtenido por Finlandia.
Por otro lado, el PP recuerda asimismo que hay “serias dificultades para mantener el clima escolar adecuado en los centros y garantizar el derecho al estudio”. Y una incapacidad para proporcionar a los jóvenes la formación requerida para su inserción laboral y profesional, lo que se traduce en un abrumador paro juvenil, que ya supera el 42 por 100.
Otro aspecto en el que el Gobierno no encuentra dificultad alguna es el de la enseñanza del castellano. Sin embargo, el PP tiene mucho interés en garantizar el derecho a estudiar en castellano en todo el territorio nacional y en todas las etapas del sistema educativo, que es un derecho básico e irrenunciable. El Partido Popular dice que promoverá una legislación básica que garantice el ejercicio de este derecho en toda España.
Igualmente, en el ámbito del currículum, el PP dice que debe ser común y que los libros de texto de las diferentes materias tengan también un tronco común igual en todas las comunidades autónomas. Por eso, este partido quiere que el Pacto educativo propicie “un acuerdo con el sector editorial para la consecución de este objetivo, sin perjuicio de la libertad que corresponde a cada editor y autor de desarrollar los contenidos conforme a sus criterios pedagógicos”.
Como consecuencia de la aplicación de todas estas medidas, el objetivo final es reducir el abandono temprano desde el 31% actual hasta el 10% fijado por la Unión Europea para 2020.
Y además mejorar los resultados escolares en lengua y matemáticas y ciencias, para que, al menos el 85% de los alumnos de 15 años, alcance o supere los niveles de conocimientos y competencias establecidos por la UE para ese año.
Junto a ello, alcanzar una tasa de graduación en Secundaria superior del 85%, promover una Formación Profesional para el empleo, de alta calidad tecnológica, en el marco de la formación a lo largo de toda la vida; y eliminar la distancia que nos separa de la media de la UE en cuanto a la proporción de alumnado que se titula en FP de Grado Medio (nos separan 17 puntos ).
Y nuestra asignatura pendiente: mejorar la enseñanza y el aprendizaje del inglés; promover la cohesión del sistema y reforzar las tecnologías.
Los ejes de la propuesta del Partido Popular
Además de los pilares sobre los que se ha de asentar el Pacto, el PP propone una serie de objetivos cuya consecución pasa por una serie de reformas:
–Fondo de cohesión
Creación de un Fondo para la Cohesión y la Calidad de la Educación, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. El fondo contribuirá a la solidaridad interterritorial de conformidad con el principio de equidad. Se impulsará la evaluación sistemática del impacto del gasto sobre la mejora educativa.
–Diploma de excelencia
Al final de cada etapa, los alumnos con mejores expedientes académicos recibirán un Diploma de Excelencia como reconocimiento al trabajo realizado. Este diploma constituirá mérito preferente para acceder a cualquier tipo de ayudas, becas y premios que puedan establecerse.
–Premios extraordinarios
Se generalizarán las convocatorias de Premios Extraordinarios de Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.
–Evaluación nacional
Al final de cada etapa el Estado, en colaboración con las comunidades, realizará una evaluación nacional externa a todos los alumnos y a todos los centros.
–Secundaria
Dos ciclos: Educación Secundaria General (tres años, de 12 a 15) y Secundaria Superior (de tres años, de 15 a 18); ésta última con dos vías, Bachillerato y Formación Profesional.
–PCPI
Estas enseñanzas se ofrecerán a todos los alumnos con 15 años que hubieren cursado, al menos, los dos primeros años de Educación Secundaria General. Los PCPI conducirán al título de Graduado en Secundaria, sin perjuicio de la obtención del Certificado de Profesionalidad de nivel 1.
–Ciudadanía
Establecer en Primaria una formación cívica de carácter transversal, exclusivamente en los valores y principios de la Constitución. Nuevos contenidos en Secundaria, basados en la Constitución. Restablecer la Filosofía en el Bachillerato.
–Estatuto y cuerpo estatal
Elaborar el Estatuto Docente, con el mantenimiento de los cuerpos nacionales.
–Grado de director
Introducir el grado de director en la carrera profesional y consolidarlo.
–Centros especializados
Impulsar los centros de especialización curricular, que ofrezcan proyectos diferenciados mediante el refuerzo y ampliación de los currículos en distintos ámbitos.
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Un trabajo para vivir, no una vida para trabajar
 Los jóvenes buscan empresas más flexibles y compatibles con su vida privada, pero encuentran precariedad - La generación criada en la prosperidad se da de bruces con la crisis
"¿Mimados? Eso es hablar desde la ignorancia. Mi generación no ha perdido la cultura del esfuerzo, ¿Cómo la vamos a perder? Con lo fastidiados que estamos..." Es lo que responde Rafael Palomar, un chico de 26 años de Segorbe, en Castellón, cuando le preguntan si cree que es verdad, eso que dicen en privado algunos empresarios, y adultos en general, de que los jóvenes se han acomodado, que han perdido cierto espíritu de sacrificio que sí tenían sus padres porque ellos se han criado en una etapa de prosperidad histórica en España. Hasta ahora.
Fuente: El PAÍS 28/01/2010
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Rafael, de 26 años, responde rodeado de voces infantiles, en medio de una de las clases de música que imparte de lunes a sábado, un trabajo que combina con la orquesta con la que actúa cerca de 90 veces al año (los fines de semana y todo el verano); los ratos sueltos, cada semana, con la charanga de su pueblo y el grupo que tiene con sus amigos. Esto último, por amor al arte. A los estudios superiores de clarinete les dedica las mañanas. "Es verdad que el bienestar te hace más exigente, pero tenemos las mismas ganas o más de trabajar que nuestros padres, estamos dispuestos a todo", insiste.
Si uno pone en una charla de café el ejemplo de Rafael, con sus 26 años, sus dos empleos y sus estudios de música, acto seguido, cualquiera puede replicar con el ejemplo de un chico anónimo que busca empleo desde el sofá y acude a las entrevistas de su primer trabajo con los días de vacaciones y lo cerca que está el trabajo de su casa como inquietudes fundamentales.
No se puede pontificar sobre si esa masa heterogénea que forma la juventud es más o menos entregada que la de sus padres, más o menos acomodada. No hay estadísticas que midan cuestiones tan etéreas como el espíritu de sacrificio, así que el debate se asienta sobre un jardín de percepciones particulares.
Pero si algo constatan los sondeos de opinión, las empresas de selección de personal (antes, las ETT), que entrevistan a miles de ellos a diario, y los empresarios es que los menores de 30 años no quieren que el trabajo sea el centro de su vida, ni obedecer ciegamente las órdenes, que les importa cada vez más la conciliación de su trabajo con su vida privada. Aunque este deseo de partida choca con la precariedad laboral que sufre el joven y los bajos salarios.
"Lo que es una trampa es comparar a los jóvenes de ahora con los de antes, lo que hay que comparar es una sociedad con la otra. Los valores que cambian son los de toda la sociedad", puntualiza Javier Elzo, catedrático de Sociología de la Universidad de Deusto.
Elzo ha codirigido la Encuesta Europea de Valores aplicada a España, que saldrá publicada dentro de unos meses, y adelanta una brecha en los 50 años: ante la afirmación de que el trabajo siempre es lo primero aunque signifique menos tiempo libre, el grado de rechazo aumenta cuanto menor es la edad. De la misma forma, a la cuestión de si hay que obedecer las órdenes de un superior sólo cuando se está de acuerdo, la mitad de los encuestados de 15 a 24 años respondió que sí, mientras que a partir de los 50 años el grado de adhesión baja 30%.
"No es negativo combinar el trabajo con el ocio, y cuando se habla de irresponsabilidad, hay que hablar de una sociedad entera desresponsabilizada, y eso es otra historia", reflexiona el sociólogo.
María Ángeles Tejada, responsable de especialidades de la empresa de selección de personal Randstad, constata que "ahora con la crisis ya no verbalizan las mismas exigencias de horario o vacaciones, pero esa inquietud sigue latente en sus decisiones: algunos de ellos escogen un trabajo, aunque sea menos interesante que otro, sólo porque se sale una hora antes, o porque está más cerca de su casa..." se lamenta.
Tejada defiende la conciliación, pero cree que en una sociedad en la que cada vez es más importante el esfuerzo, uno debe asumir que no siempre podrá cumplir su horario, y sobre todo, "en una primera etapa de vida laboral, en la que más se tiene que sacrificar, porque es cuando falta experiencia, para definir su proyecto profesional de futuro. Ellos son más cortoplacistas", razona.
Cuando la preparación, académica y de idiomas, ya se le presume a la generación más formada de la historia española, "un empresario elige por la actitud, porque la aptitud se da por descontada".
La cuestión es qué entiende cada uno por una buena actitud ante el trabajo. Muchos empresarios se le quejan a David Garrofé, responsable del área de empleo y secretario general de Cecot, una patronal formada por empresarios de la provincia de Barcelona: "Algunos critican mucho la predisposición que ven en los jóvenes, les motivan menos cosas, pero yo también les explico a ellos que la respuesta de esta gente joven cambia en función de cómo la empresa se compromete con ellos, que piden proyectos empresariales novedosos".
La palabra conciliación se empezó a utilizar no hace tantos años para definir la necesidad de las personas de combinar sus responsabilidades laborales con la atención a la vida personal, familiar y al tiempo libre, pero los nacidos en los ochenta han crecido oyéndola y eso acaba calando en su amasijo de inquietudes a la ahora de poner un pie en el mercado de trabajo.
Es lo que percibe Ignacio Buqueras, presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles, una plataforma que pugna por potenciar la conciliación y una europeización de los horarios. "Vemos cómo, poco a poco, está entrando esta cultura, una escala de prioridades diferente, la gente joven, además de trabajar, tiene claro que quiere hacer deporte, seguir cursos de formación...". Buqueras, empresario, destaca que "el espíritu de sacrificio es necesario, pero eso no significa echar más horas, la cultura del presentismo es tercermundista, una cosa es el compromiso con la empresa y otra la fidelidad perruna".
Si a Xavi T. le ofrecieran un 20% más de salario por cambiar de trabajo, lo rechazaría. ¿Y un 30%? "También. ¿De qué me serviría ganar ese dinero si no podría gastarlo en lo que me gusta? Yo trabajo para vivir y no al revés", se pregunta. Este apasionado del atletismo y los viajes, informático de profesión, tiene ya 35 años, pero apunta desde hace años una forma diferente de afrontar la vida. Negoció con su empresa cobrar un mes menos de salario a cambio de tener un mes más de vacaciones, para poder realizar dos de sus largas travesías. Entra a trabajar lo más pronto posible con el fin de entrenar por la tarde. "También soy flexible, si un día hay que estar más tarde, me organizo y estoy".
Con una tasa de paro del 22% para los jóvenes de 25 a 29 años, y del 34,65% para los de 20 a 24, las reacciones en una entrevista de trabajo cambian. "Antes, cada candidato podía elegir entre tres y cuatro ofertas y ahora sólo tiene una y no sabe cuándo llegará otra, así que empieza a aceptar cosas que antes no quería", explica Encarnación Maroño, de Adecco. "Pero eso no significa que hayan cambiado sus valores, los jóvenes no quieren ser medidos por las horas de trabajo sino por sus objetivos, y no quieren que su vida gire en torno al empleo. Además, ahora, cambiar, pasar por varias empresas, está bien visto", añade.
La de los menores de 30 es una generación de gran caída demográfica, posterior a la del baby boom, que empezó a tener estudios superiores y, aun así, "para su perplejidad, sufrió mucho al entrar al mercado de trabajo", apunta Julio Camacho, director del Observatorio de la Juventud, del Instituto de la Juventud Español (Injuve). "Y esta generación de ahora ya no está perpleja, creen que el trabajo es importante, pero han visto pasarlo mal a sus hermanos mayores y no consideran que sea el centro de su vida. También es una generación con un gran porcentaje de hijos únicos, al contrario que el baby boom", añade el investigador.
"Hablar de generaciones se ha puesto de moda", se sonríe Camacho, pero el conflicto entre unas y otras no es nuevo. "Siempre que se avecinan cambios sociales, los mayores tienen reproches para sus jóvenes", resalta el investigador. Camacho advierte del peligro de "profundizar" en las brechas a la ahora de catalogar a los jóvenes, a veces de forma despectiva: "La distancia siempre la ponemos nosotros respecto a ellos, y con las etiquetas del ni ni (en referencia al porcentaje de jóvenes que ni estudia ni trabaja), estamos ahondando la brecha, cuando hay que hacer lo contrario".
Cuando la crisis se comenzó a notar en España, el empresario Josep Maria Pujol Artigas, dueño de una industria de componentes para la automoción, una de esas multinacionales catalanas, con solera, participó en un debate sobre cómo afrontar la crisis. Lejos de reformas, de ayudas, lo que más destacó Pujol fue la necesidad de "recuperar la cultura del esfuerzo en la nueva generación, desde la escuela".
Al utilizar el verbo volver uno da por hecho que esa cultura existía antes y ahora no. Pujol profundiza en ello: "El valor del esfuerzo no impera demasiado en la sociedad española en general, esta crisis ha venido motivada por gente dispuesta a forrarse rápido, por ejemplo, pero se nota más en la gente joven".
Si el empresario se sentase a hablar con Rafael Palomar, el chico de Castellón, y José Luis Arroyo, el vicepresidente del Consejo de la Juventud, el debate resultaría interesante. Arroyo asegura que "el compromiso de un joven con la empresa estará en relación con las condiciones del empleo, si es precario o no, con la edad, con la rotación, con las condiciones... Y eso no tiene nada que ver con la edad, sino con el mercado de trabajo", destaca.
Si en una empresa saben algo de trabajadores jóvenes es la cadena textil Mango. La plantilla de la multinacional en los servicios centrales tiene una media de edad de 31 y 32 años, y si se incluyen las miles de tiendas que posee la firma, la media baja hasta los 26 o 28 años. Enric Solé, responsable de formación y desarrollo del departamento de recursos humanos, cree que "han cambiado las reglas de juego, la gente joven reclama un tipo de liderazgo más participativo, de colaboración, se sienten más cómodos con estructuras más planas y quieren sentirse responsables de lo que hacen, pero no se esfuerzan menos". Además, "el compromiso se tenía antes hacia la empresa y ahora se tiene a hacia los proyectos de trabajo, que tienen que resultar interesantes".
Si en algo coinciden todos aquellos que trabajan con jóvenes, es que la preocupación por la flexibilidad de horario es mayor de lo que había sido hasta ahora para nadie. "Antes, lo primero era saber cuánto iban a ganar, pero ahora también se pregunta por la flexibilidad, por una adaptación individualizada de la jornada", apunta Garrofé. No hay diferencia entre chicos y chicas en este terreno, la brecha entre lo que piden unos y otros comienza a notarse a partir de los 30 o 35, según su experiencia, cuando forman una familia.
Mauro Torres, un becario de 26 años del Instituto Cervantes en Madrid, reconoce que su generación "no tiene apatía, pero sí más exigencias, y eso es bueno porque, cuando se consiguen, acaban convirtiéndose en derechos sociales y se extienden a todo el mundo". Encarna Maroño concluye: "Dentro de 10 años, ellos serán los nuevos directivos, con una nueva forma de afrontar la vida, ni mejor ni peor".
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Educación entrega portátiles "vacíos" a 400.000 alumnos
 Docentes y expertos critican que la digitalización de las aulas no va acompañada de aplicaciones específicas para su uso
El proyecto Escuela 2.0, en el que el Gobierno se ha gastado más de 100 millones de euros, está vacío de contenido. Los alumnos tienen sus portátiles y los profesores sus pizarras digitales, pero no disponen de programas o aplicaciones propias para usar con estas nuevas herramientas. "Continentes sin contenido", critican docentes y pedagogos, quienes denuncian que la Administración ha cumplido con la dotación tecnológica, pero no en la aportación de materiales que se puedan usar con esos aparatos.
Fuente: PUBLICO 18/01/2010)
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El proyecto Escuela 2.0, en el que el Gobierno se ha gastado más de 100 millones de
La inversión inicial de 98 millones de euros aprobada por el Consejo de Ministros para que, "a partir de ahora, las nuevas tecnologías sean parte fundamental del proceso de enseñanza y aprendizaje" se queda, de momento, en la carcasa: 93,3 millones se dedicarán al equipamiento y 4,8 a la formación del profesorado para que sepan cómo usarlo. Nada, o casi nada, de material educativo, a pesar de que en el decreto que rige la creación del proyecto Escuela 2.0, el departamento que dirige Ángel Gabilondo se compromete a "generar y facilitar el acceso a materiales digitales educativos".
Educación delega en los docentes la creación de materiales
La única aportación de Educación ha sido el juego on-line Cosmolema, con el que explorar las relaciones entre las palabras, que la secretaria de Estado Eva Almunia calificó como "nuestro regalo de Navidad a los alumnos" durante la presentación del plan de digitalización. Además, el Ministerio reconoce que este juego ni siquiera forma parte del proyecto de digitalización de las aulas.
Cuando el próximo mes de abril culmine el reparto de ordenadores ultraportátiles, serán 400.000 alumnos de 5º y 6º de Primaria los que cuenten con uno, y se habrán digitalizado casi 15.000 aulas. Además, 20.000 profesores tendrán también su portátil, para acceder a las nuevas tecnologías de la enseñanza.
Docentes abandonados
Los docentes interesados en apostar por las TIC (tecnologías de la información y la comunicación) disponen del portal web Agrega, un contenedor de programas y experiencias digitales creado para promover su difusión.
Este "repositorio", el único recurso que aporta el departamento de Gabilondo en cuanto a materiales específicos para la enseñanza 2.0, es una web que desagrada incluso a los más empeñados en usarlo. E incluso invita a la chanza por parte de muchos creadores de contenidos, que lo consideran más propio de ingenieros informáticos que de docentes.
El acuerdo con Microsoft no prevé el desarrollo de herramientas
Por el momento, sólo tres comunidades autónomas gobernadas por el PP (Madrid, Comunidad Valenciana y Murcia) se han negado a firmar el convenio de colaboración con el Ministerio de Educación, prácticamente idéntico en todos los casos, que les obliga a abonar el 50% de la financiación del plan.
En esos convenios, no se exige la creación de herramientas didácticas específicas, sino tan sólo que estas se "facilitarán" a los profesores, aunque sin especificar cuáles. Desde el Ministerio se asegura que sí "está previsto el mantenimiento y desarrollo de materiales", aunque sin detallar plazos ni compromisos. Sólo que, de hacerse, se financiarían del exiguo 5% del presupuesto dedicado también a la formación del profesorado. El ejemplo de Ceuta y Melilla ilustra el concepto metodológico escogido por Gabilondo, ya que las aulas de las ciudades autónomas son las únicas que aún dependen directamente del Gobierno central. Allí, Educación ha firmado un acuerdo con la multinacional Microsoft para que sea esta empresa la que se encargue del proyecto.
Esta compañía confirma, consultada por este periódico, que "no se ha planteado" el desarrollo de ninguna herramienta pedagógica. De este modo, se deja la verdadera digitalización de la enseñanza en manos de la iniciativa y audacia de los maestros, como sucede en otras muchas regiones de España, en las que las autonomías no hacen nada por evitarlo.
El ministro Ángel Gabilondo, por un lado, dice que el proyecto "no es una mera distribución de juguetería, ordenadores y aparataje". Por otro, durante la firma de uno de los convenios autonómicos, reconocía que no está del todo armada la pata del plan referida a los contenidos y que dentro de unos meses su departamento debería sentarse con los agentes implicados para "repensar" los pasos a dar en este sentido.
"No es nuestra intención movilizar a la alta inspección del Estado"
Gabilondo asume que son en su mayoría los profesores quienes están esforzándose en crear contenidos propios para estas nuevas herramientas que no sean simples adaptaciones de contenidos analógicos. Además, adelantó la necesidad de crear una comisión de seguimiento que evaluará los resultados de la inversión.
El titular de Educación defiende la autonomía de los centros para que organicen sus enseñanzas y su aplicación, pues "sería un error" que el ministerio dijera cómo se deben utilizar dichos recursos. "No es nuestra intención movilizar a la alta inspección del Estado" para que controle el correcto desarrollo del plan, sino que se ha de confiar en la "responsabilidad de la comunidad educativa", puesto que "no va a ir el ministro por las aulas controlando lo que pasa".
La experta en desarrollo de las nuevas tecnologías en el ámbito educativo Juana María Sancho Gil coincide en que la mejor receta es otorgarle autonomía tanto a los centros como, sobre todo, a los docentes para alcanzar el éxito de las nuevas metodologías. Pero desconfía de Escuela 2.0: "No va a cambiar nada por comprar un portátil. Me preocupa que nos hagan creer que con incluir un ordenador entre los materiales va a evolucionar el sistema educativo".
Cambio metodológico
Sancho, catedrática del Departamento de Didáctica y Organización Educativa de la Universidad de Barcelona, considera que se ha de invertir realmente en la formación del docente en el cambio metodológico que han de traer consigo las TIC. "Hasta donde yo sé, en los seminarios de enseñanza para los profesores se les está enseñando cosas tan inapropiadas como la de crear una página web. A hacer webs que aprenda el que deba hacerlas: a los maestros hay que enseñarles a gestionar el torrente de información, las herramientas de autor, a desarrollar clases auténticamente 2.0, en las que el profesor no sea un director de orquesta".
"A hacer webs que aprenda el que deba hacerlas"
Desde Educación señalan que el curso que reciben todos los profesores es "de choque", es decir, para dar a conocer lo que son las TIC y entender su uso básico. A partir de ahí, se ofrece para los más audaces la posibilidad de mejorar sus conocimientos mediante cursillos on-line y algún seminario.
"La cara de los niños que reciben sus ordenadores me recuerda a mi ilusión cuando me cambiaron la pluma por un bolígrafo. En aquel entonces, el cambio de herramienta no supuso que dejáramos de escribir Mi mamá me mima. Esperemos que con el proyecto Escuela 2.0 no pase lo mismo", sentencia Sancho.
Un proyecto para cambiar el modo de dar clase
200 millones
La inversión destinada al proyecto Escuela 2.0 para digitalizar las aulas se divide a partes iguales entre el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas: 100 millones de euros. El dinero que entrega Educación se ha distribuido proporcionalmente en función del número de alumnos y aulas que deben ser digitalizadas en cada autonomía.
400.000 alumnos
El objetivo del proyecto es que el próximo 30 de abril sean 400.000 los jóvenes de 5º y 6º de Primaria que cuenten ya con sus portátiles.
20.000 profesores
Para esa misma fecha, se espera que sean 20.000 los profesores que cuenten no sólo con su propio portátil sino también con un curso de formación en nuevas tecnologías. De los 100 millones que invierte Educación en el plan, cinco están destinados a este particular.
14.400 aulas
En el proyecto no se contempla únicamente la entrega de portátiles. También se sumarán casi 15.000 pizarras digitales a los clásicos encerados de toda la vida.
14 comunidades autónomas
Sólo la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia (gobernadas por el PP) se han negado a firmar el convenio de Escuela 2.0 con Educación.
99,5% colegios conectados
Además, en los últimos años se ha conseguido por parte de las administraciones que casi el total de los centros educativos cuenten con conexión a Internet.
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Baleares, Murcia y Madrid son las comunidades con menos ordenadores escolares
 La estadística oficial, del curso 2007-2008, coloca a Extremadura en cabeza, lejos del resto
Baleares, Murcia, Madrid, Comunidad Valenciana y Canarias son las comunidades donde más alumnos tienen que compartir cada ordenador en la escuela (tocan a ocho alumnos por PC) según la última estadística oficial publicada por el Ministerio de educación, correspondiente al curso 2007-2008.
Fuente: El PAÍS 16/01/2010
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Ese mapa está cambiando con el plan que pretende que todos los alumnos de 5º de primaria a 2 º de la ESO tengan un portátil dentro de cuatro años, del que se han apeado, por el momento, precisamente, Murcia, Madrid y Comunidad Valenciana por desavenencias con la propuesta del Gobierno. Consideran que el Ministerio de Educación (que cofinancia el programa) no ha atendido sus peticiones de desarrollar el plan más lentamente, comprando portátiles mejores y evaluando los resultados antes de extenderlo. Además, consideran que el dinero que aporta el ministerio no cubre la mitad de su desarrollo. Madrid prefiere "esperar un año para ver cómo funciona", antes de desarrollar el programa, dijo la semana pasada la consejera madrileña de Educación, Lucía Figar.
Por lo demás, la estadística oficial del curso 2007-2008 coloca en primer lugar de dotación informática dedicada a tareas de enseñanza y aprendizaje a Extremadura. Y la coloca muy distanciada del resto, con 2,2 alumnos por ordenador, ya que en el medio, en la mayoría de las comunidades la cifra esta entre cinco y seis estudiantes por aparato. Eso, contando tanto la enseñanza pública como la privada. Teniendo en cuenta sólo la primera, Extremadura sigue estando en cabeza, con 1,9, seguida por Asturias, País Vasco, Aragón, La Rioja, Cataluña, Andalucía y Castilla y León (entre cuatro y cinco),por Cantabria y Galicia (entre cinco y seis), Navarra y Castilla-La Mancha (entre seis y siete) y, por último, por Baleares, Murcia, Madrid, Comunidad Valenciana y Canarias (entre siete y ocho).
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