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Un pacto de Estado para mejorar la educación
 Eliseo Moreno Burriel
Presidente Sector Nacional Enseñanza CSI·F
Para el autor de estas líneas, presidente del Sector Nacional Enseñanza CSI-F, el pacto social y político por la educación debe ser suscrito por el mayor número de fuerzas políticas, y es “imprescindible que sea apoyado por los dos principales partidos del Parlamento español, PSOE y PP”. Al tener una importancia estratégica para la sociedad española, cree también el acuerdo tiene que estar acompañado de la firma de otros muchos actores de la comunidad educativa entre los que no pueden faltar los sindicatos de enseñanza de la Mesa Sectorial Nacional.
Una de las iniciativas del ministro de Educación que más interés ha despertado en la sociedad española ha sido la propuesta de un Pacto de Estado social y político por la educación. Dos preguntas nos surgen inmediatamente: ¿por qué? y ¿para qué? es necesario ese Pacto que reclama no sólo el Ministro, sino la propia sociedad.
Aunque la educación española ha mejorado notablemente en estos treinta años de democracia, los indicadores que publican los informes internacionales manifiestan una situación preocupante. Las tasas de fracaso escolar y las de abandono temprano en los estudios sitúan a España en los últimos lugares de los países desarrollados, la violencia en los centros está produciendo una desmotivación del profesorado para el ejercicio de la docencia que está poniendo en peligro la viabilidad del sistema a no muy largo plazo. La descentralización educativa completada al final de la década de los noventa del siglo pasado suponía un importante paso cualitativo en la mejora de la enseñanza. Sin embargo, la carrera de las Comunidades Autónomas por avanzar, sin contar con las demás, y la dejación de funciones del Ministerio de Educación han posibilitado que se estén configurando en España diecisiete sistemas educativos diferentes y competitivos entre sí. Todo ello ha dado como resultado una profusa y cambiante legislación nacional y autonómica que ha introducido una inestabilidad propiciando la escasa rentabilidad del sistema.
Fuente: Comunidad escolar 863
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De lo dicho sacamos en consecuencia que en los treinta años que llevamos de democracia, las fuerzas políticas parlamentarias no han sido capaces de llegar a acuerdos básicos sobre la educación. Para CSI-F la razón principal de esta situación está en que los partidos que han gobernado nuestro país durante este tiempo no han considerado la educación ni como un asunto de Estado, ni como tema estratégico del Estado.
Durante este periodo ha habido acuerdos de Estado en el empleo, en Justicia, en el tratamiento de la violencia de género, en infraestructuras, en Sanidad, en pensiones, y otros. Sin embargo, resulta curioso echar la vista atrás y ver que el único acuerdo sobre educación que se ha llevado a cabo durante este periodo corresponde a los Pactos de la Moncloa en el año 1977. Este Acuerdo propugnaba “la gratuidad de la enseñanza mediante la construcción, equipamiento y atención a los gastos de funcionamiento y de profesorado de los puestos escolares que se incluyan en el Plan Extraordinario de Escolarización de 40.000 millones de pesetas. A tales efectos se crearán 400.000 plazas de Educación General Básica, 200.000 nuevas plazas de Educación preescolar y 100.000 nuevas plazas de Bachillerato Unificado Polivalente durante 1978. Se estudiarán, de cara al Presupuesto de 1979, las medidas que tiendan a la adecuada retribución del profesorado; se considerará la gratuidad total de servicios de comedores y transporte, en los niveles de enseñanza obligatoria, cuando se impongan como necesarios para los alumnos de concentraciones escolares”. Es decir, nos tenemos que remitir al periodo preconstitucional para encontrar un acuerdo sobre educación. Un acuerdo que significó, probablemente, la mayor acción pública sobre la educación pública del periodo pre y constitucional. Teniendo en cuenta que el acuerdo se firmó en medio de una gravísima crisis económica y social, sorprende que se desarrollara el programa más ambicioso de nuestra reciente historia en lo que se refiere a la construcción de centros públicos y plazas de profesorado de la enseñanza pública.
Numerosas leyes
Esta falta de acuerdo político en educación no ha impedido que durante este periodo los legisladores hayan aprobado numerosas leyes educativas con el único punto en común de hacerlo sin el consenso necesario para la estabilidad del sistema. Cada partido, al llegar al poder, aprobaba su ley educativa que salía adelante con el voto en contra del principal partido de la oposición. Así se aprobó la LODE que anulaba la LOECE . La LOGSE llevaba al cuarto del olvido a la LGE, que a su vez era retirada por la LOCE. El último capítulo de esta fallida historia lo escribió la LOE que envió al infierno a la LOCE. Claro, esto dicho así no parece trascendente. Pero si pensamos que cada ley conlleva un importante conjunto de Decretos, de Órdenes Ministeriales, de renovación del curriculum, de nuevas pautas de programación, de nuevas formas de evaluación, etc, comprenderemos el hastío que todo esto ha causado tanto en el profesorado, como en el alumnado así como en las propias familias.
El resultado de esta política consistente en utilizar la educación como herramienta electoral para la caza de votos de los incondicionales nos ha llevado a la actual situación. Una situación que coloca al sistema educativo español por debajo de la media de los países de la OCDE y a la cola de los países de nuestro entorno social y económico y, lo que es más importante, un sistema que no sirve a las necesidades de la sociedad española para el momento actual. Durante estos treinta años de democracia los indicadores de la sociedad española en sanidad, infraestructuras, consumo, producción económica y bienestar social han situado a España entre los diez países más desarrollados del mundo. Sin embargo, en educación ocupamos el puesto treinta. Esta es la verdadera situación y esto es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar decisiones, la diferente evolución de la educación y el resto de indicadores modernizadores de la sociedad española. Por eso, cuando oímos esas voces que culpan del mal momento de la educación al atraso precedente, creemos que lo único que están haciendo es tratar de justificar su propio fracaso que nos quieren trasladar a todos los españoles.
Por todas estas razones necesitamos un Pacto de Estado por la Educación. Un pacto que suscriban el mayor número de fuerzas políticas, pero para el que es imprescindible que sea apoyado por los dos principales partidos del Parlamento español, PSOE y PP. Pero, este acuerdo que tiene una importancia estratégica para la sociedad española, tiene que estar acompañado de la firma de otros muchos actores de la comunidad educativa entre los que no pueden faltar los Sindicatos de Enseñanza de la Mesa Sectorial Nacional, entre los que se encuentra CSI-F. Estos sindicatos llevan la voz del profesorado y no pueden faltar a la cita porque entonces estaríamos construyendo un edificio sin la solidez que requiere el sistema.
Estatuto Docente
Aunque ya hace tiempo que los responsables nacionales y autonómicos reconocen el papel central del profesorado en la rentabilidad del sistema educativo, la realidad es que es mucho más lo que dicen que lo que hacen. Dos ejemplos nos sacarán de dudas. El Estatuto Docente es una vieja aspiración del profesorado para ordenar su situación jurídica así como para implantar medidas que consideramos imprescindibles, como la prórroga de la jubilación LOE y la regulación de la carrera profesional. Sin embargo, y a pesar de las declaraciones de unos y otros la realidad es que ni con el anterior equipo del Ministerio, que no tuvo la fuerza ni valentía de poner en un papel las propuestas que nos dijo de boca, ni el actual, que prometió un borrador en breve, pero a día de hoy nadie sabe nada de él.
Otro punto fundamental para el profesorado es la eliminación de la violencia de los centros. Aquí ocurre una cosa bastante curiosa. Es verdad que las Administraciones han puesto manos a la obra para resolver la conflictividad y los casos graves. Es verdad que en estos casos graves se ha producido la intervención inmediata de Administraciones y Fiscalía. Los casos graves se han reducido notablemente y el profesorado y nosotros estamos satisfechos de la atención recibida. No obstante, existe otro tipo de conflictividad, lo que en CSI-F denominamos de “baja intensidad” (nos congratulamos de que cada vez más gente utilice el término que fue puesto en valor por nosotros) refieriéndose a los pequeños actos de indisciplina que ocurren todos los días y en todos los centros de enseñanza de este país, con mayor incidencia en la Secundaria. Insultos leves, desobediencias, desprecios, descalificaciones, etc, que no suscitan titulares y, sin embargo, son la principal causa, tanto de las bajas médicas por depresión, como de la desmotivación del profesorado. A pesar de lo que decimos, que sin duda es conocido por las Administraciones, hasta el momento, este tipo de violencia no ha recibido la atención por parte de los responsables educativos y, lo que es peor, no se ha diseñado ningún tipo de respuesta para su eliminación. La única herramienta puesta al servicio del profesorado es anotar una falta de disciplina en el expediente del alumno infractor, aspecto que suele ser tomado con muy poca seriedad en el alumnado por su escasa traducción en algún tipo de respuesta punitiva contra él.
Por tanto, un Pacto de Estado que tenga en cuenta no sólo al profesorado, por la importancia que tiene en el desarrollo del sistema, sino también tiene que tratar otros temas como:
- Inversión educativa. La inversión educativa debe crecer hasta alcanzar, en un periodo razonablemente corto, el 7% del PIB. Las diferencias en este momento con la media de la OCDE son de 1,1% del PIB español. Aunque reconocemos que no todo se resuelve con más inversión pública, es evidente que mientras tengamos estas diferencias será difícil que salgamos de los últimos lugares que ocupamos.
- Apuesta por la enseñanza pública. Hay que apostar por la escuela pública. La política seguida por todos los gobiernos de olvidarse de la escuela pública y potenciar las redes alternativas, es una de las causas que nos ha llevado a la situación actual. Deben de asumir, ya de una vez por todas, que de esta situación sólo nos sacará la escuela pública, pero para eso necesita los apoyos que ahora no tiene, y, sobre todo, hay que evitar que se convierta en el elemento residual del sistema. Desgraciadamente, la privatización avanza de forma continua con los gobiernos de todos los signos, porque creen de forma errónea que la concertación es mucho más barata. Esta forma de concebir la educación constituye una política suicida del Estado a largo plazo.
- Fomento de la convivencia y disciplina en los centros educativos. Es necesario establecer una serie de medidas encaminadas a la eliminación de la violencia en los centros docentes, tanto el acoso o bullying entre los alumnos, como la dirigida hacia los profesores y otro personal del centro. Todos los informes publicados hasta la actualidad señalan que la violencia probablemente sea el principal problema de la educación española. Especialmente hacemos referencia a la que en CSI-CSIF denominamos violencia de baja intensidad que es la más frecuente, la más difícil de corregir y la que más afecta al profesorado, tanto en el desempeño de la profesión como en lo que se refiere a su salud. Nosotros aseguramos que “donde hay violencia no hay educación”. Para conseguir este objetivo resulta absolutamente imprescindible el reconocimiento del profesorado como autoridad pública en el ejercicio de la docencia y superar la ignorancia de quienes confunden autoridad con autoritarismo.
- Reforma de las Enseñanzas Medias. El principal tramo de baja rentabilidad del sistema lo constituyen las enseñanzas medias. Erróneas ideas para organizarlas y la introducción de la comprensividad han llevado a este tramo a una situación de desorientación, que lo están convirtiendo en el lastre del sistema y donde se concentra el mayor porcentaje de fracaso escolar. Desde la reforma del bachillerato, para ir hacia uno que comprenda tres cursos escolares, pasando por la reforma de la Secundaria Obligatoria para introducir mayores dosis de flexibilidad como reconoce el propio Ministro, hasta impulsar la Formación Profesional para conseguir mayores cuotas de formación laboral, y que los alumnos que dejan el sistema educativo para incorporarse al mercado laboral, sin duda revertirá en conseguir que abandonen más tarde, pero sobre todo, mejor preparados, es una tarea que no podemos dejar pasar mucho tiempo.
- Atención a los tramos de Infantil y Primaria. Debe haber consenso en la consideración de tramo educativo a la Educación Infantil para lo que es necesario potenciar la oferta de plazas públicas en el primer tramo, dotar de profesorado titulado de los Cuerpos Docentes y buscar la manera de coordinar estos centros con los de titularidad pública.
Para que todos estos cambios sean posibles es necesario un cambio de paradigma en el proceso enseñanza-aprendizaje: el respeto al profesor y a los compañeros como principio básico para la creación de un buen clima de trabajo necesario en el proceso enseñanza- aprendizaje, la consideración del esfuerzo como un valor necesario para conseguir las metas y objetivos que se plantea el ser humano, la recuperación del ejercicio de la memoria como factor positivo en la formación integral del alumnado y, finalmente, la valoración de los contenidos como base de la formación académica del alumno.
Para concluir esta reflexión, diremos que para CSI-F el Pacto aportaría al sistema una estabilidad que ahora no tiene, sería una garantía de que, ante cualquier cambio de gobierno, los temas incluidos en el acuerdo quedarían al margen de la lucha partidista. Un acuerdo que no constituye un fin en sí mismo, sino que es una herramienta de trabajo para superar la situación de atraso que experimenta nuestra educación; una herramienta que sirva tanto a la superación de las desigualdades de origen como a la modernización de la sociedad española.
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OPINIÓN: ¿ESTAMOS PREPARADOS PARA ADOPTAR LOS CAMBIOS QUE NECESITA LA EDUCACIÓN? FORO DE DEBATE. ELISEO MORENO BURRIEL, PRESIDENTE SECTOR NACIONAL ENSEÑANZA CSI·F.
 Texto del artículo
Fuente: ESCUELA Núm. 3.846 (1.686) 26 de noviembre de 2009
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España presenta sus prioridades en materia educativa para la Presidencia de la Unión Europea
 Ante los Altos Representantes de Educación y Formación de los Países Miembros
El Ministerio de Educación ha presentado las prioridades en materia de educación y formación que España va a seguir durante el periodo de Presidencia de la Unión Europea que comienza el próximo uno de enero y se extenderá durante el primer semestre de 2010, ante los Altos Representantes en estas materias de los Países Miembros.
LAS PRIORIDADES PLANTEADAS POR ESPAÑA EN MATERIA EDUCATIVA SE ARTICULAN SOBRE DOS GRANDES EJES: UBICAR LA EDUCACIÓN Y LA FORMACIÓN EN EL CORAZÓN DE UN MODELO ECONÓMICO SOSTENIBLE, Y POTENCIAR LA DIMENSIÓN SOCIAL DE LA EDUCACIÓN.
Fuente: EDUCACIÓN.es 1/12/09
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Coincidiendo con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el director general de Relaciones Internacionales del Ministerio de Educación, José Manuel Martínez Sierra, se ha reunido en Madrid los días 30 de noviembre y 1 de diciembre con el Grupo de Alto Nivel de Políticas de Educación y Formación de la Unión Europea. Dicho grupo reúne a los Altos Representantes de los Estados Miembros en materia de educación.
Las prioridades planteadas por España en materia educativa se articulan sobre dos grandes ejes: ubicar la educación y la formación en el corazón de un modelo económico sostenible, y potenciar la dimensión social de la educación.
Durante la Presidencia española del primer semestre de 2010, el Ministerio de Educación considera de vital importancia dar un gran impulso a la educación y la formación como motores del desarrollo y bienestar social europeo. Por ello los principales objetivos a alcanzar consisten en ubicar la educación y la formación en el corazón del nuevo modelo económico sostenible y en potenciar la dimensión social de la educación. Con ello se pretende contribuir a que la Unión Europea pueda constituirse en una región de conocimiento, de innovación y de competitividad, fortaleciendo su dimensión social.
Igualmente, continuando con el trabajo sobre competencias clave para la educación y la formación iniciado en otras presidencias, durante el referido semestre se dará especial importancia a aquellas relacionadas con las nuevas capacidades y habilidades que la sociedad demanda, buscando una mayor vinculación entre la educación y el desarrollo económico.
Por último, durante la Presidencia española el Ministerio de Educación impulsará la cooperación universitaria más allá de las fronteras de la Unión y el Espacio Europeo del Conocimiento como convergencia de los dos grandes espacios en construcción en Europa: el Espacio Europeo de Enseñanza Superior y el Espacio Europeo de Investigación, favoreciendo la modernización e internacionalización de las universidades, que convergen en el Espacio Europeo de Educación Superior.
Los representantes de los estados han acogido con satisfacción las propuestas de la futura presidencia. En el actual contexto de crisis económica han coincidido en resaltar la necesidad de impulsar la educación y situarla en el epicentro de las políticas de la unión como motor del desarrollo, la inclusión social, la igualdad de oportunidades y el bienestar social europeo. En este sentido los participantes señalaron que la educación y la formación deben ser componentes centrales de la futura estrategia UE 2020 que se espera adoptar por España en el Consejo Europeo de primavera de 2010.
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Conferencia Sectorial de Educación
 Intervención del ministro de Educación, Ángel Gabilondo, en la Conferencia Sectorial de Educación
La Conferencia Sectorial debate el documento base sobre el pacto educativo
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Intervención del ministro de Educación, Ángel Gabilondo, en la Conferencia Sectorial de Educación
(Fuente: MEC.ES 16/12/2009)
La Constitución de 1978 incorporó, en su artículo 27, un conjunto de principios referidos al sistema educativo que los distintos Gobiernos democráticos hemos desarrollado desde entonces. Toda política educativa y todo acuerdo han de sostenerse en sus principios.
Durante las tres últimas décadas la sociedad española ha conseguido la expansión más importante de la educación en nuestro país. Hoy hemos alcanzado la plena escolarización de la población entre 3 y 16 años, así como tasas de escolarización desconocidas en nuestra Historia en el Bachillerato, la Formación Profesional y la Universidad. Ha sido un logro de todos los gobiernos democráticos que debemos poner en valor en la actualidad para afrontar los retos del futuro.
Tras 10 años de culminación del proceso de transferencias educativas a las Comunidades Autónomas, 31 años después de aprobarse la Constitución, nos encontramos no sólo ante un nuevo marco competencial y también ante una sociedad distinta y sometida a un cambio constante, que nos exige una reflexión sobre los nuevos y complejos retos que debe plantearse nuestra educación en el siglo XXI.
El desarrollo del marco Constitucional y el reconocimiento de las competencias y políticas educativas de las autonomías no excluyen, antes al contrario, hacen necesario un proceso de políticas comunes y compartidas que garanticen el equilibrio, la estabilidad, la cooperación y la coherencia del sistema a través de un marco común y acordado, lo que sólo es posible a través del acuerdo y del consenso, y en el que desarrollar sus competencias y responsabilidades políticas. Todo ello con miras a la mejora y consistencia del mismo.
Por tanto, es necesario que nos convoquemos a un nuevo esfuerzo colectivo como sociedad. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Los grandes cambios sociales, políticos y económicos de nuestro país han nacido desde una voluntad amplia de consensos y acuerdos. Tenemos que abordar conjuntamente los asuntos urgentes del sistema educativo con esta perspectiva histórica y con un modo de proceder sostenido en el tiempo.
Para realizar este trabajo conjunto es imprescindible que se alcance un gran "Pacto Social y Político por la Educación". El Gobierno ha realizado esta propuesta de Pacto de Estado al conjunto de la sociedad española, y muy especialmente a las administraciones educativas, las fuerzas políticas y la comunidad educativa. Un Pacto que responde a una demanda social.
La distribución de competencias entre las distintas Administraciones hace que ningún partido político haya sido o es totalmente gobierno o totalmente oposición. Por tanto, es necesario un Pacto que permita que los diferentes gobiernos que se configuren tanto en España, como en las diferentes Comunidades Autónomas, apliquen en común una serie de medidas fundamentales para resolver los principales problemas de nuestro sistema educativo.
El papel de la Conferencia Sectorial de Educación es en este sentido fundamental, pues aquí las distintas administraciones educativas estamos representando a los ciudadanos del conjunto del Estado. Es el momento de abordar los grandes desafíos educativos con una mirada diferente, con la convicción de que sin la plena colaboración y coordinación entre administraciones no podremos afrontar los cambios necesarios.
El gran objetivo de este Pacto por la Educación es adoptar de manera conjunta las medidas necesarias en nuestro sistema educativo que eleven el nivel de formación del conjunto de la población, tanto de los jóvenes en edad escolar como de la población adulta en general. En la nueva sociedad del siglo XXI la educación y la formación son las claves sobre las que se construye el bienestar social, político y económico. La sociedad española necesita más y mejor educación, y también los propios ciudadanos para su desarrollo vital y para evitar al máximo el riesgo del desempleo, el trabajo precario, la desigualdad y la propia exclusión social.
La situación de nuestro sistema educativo está perfectamente reflejada en numerosos informes que se elaboran con cierta periodicidad. Por ello, no creo que tengamos que debatir sobre las fortalezas y las debilidades de nuestra educación, sino que propongo que trabajemos a partir de los diagnósticos elaborados por la OCDE, el Consejo Escolar del Estado y los Consejos Escolares de las Comunidades Autónomas.
Partiendo de la situación descrita en los citados informes, considero fundamental sentar unas bases sobre las que trabajar conjuntamente.
a) Es necesario propiciar la cultura del esfuerzo, la exigencia, sacar lo mejor de cada estudiante para lograr el mayor éxito personal y académico e impulsar en todos los niveles y procesos del conjunto del sistema educativo una cultura y una política de la calidad, sostenida en el conocimiento, las competencias y los valores.
b) Esta búsqueda de la calidad y la excelencia, debe hacerse desde el reconocimiento de los logros de nuestro país en los últimos 30 años en la mejora, universalización y socialización de la educación, por lo que hemos de garantizar una política de becas y ayudas al estudio que garantice la igualdad de oportunidades.
c) Necesitamos un sistema mucho más flexible y más integral que relacione las etapas educativas, un sistema que sea más transversal, que permita una mayor movilidad y reconocimiento de las competencias y conocimientos adquiridos. Se trata de ser capaces de que el sistema eduque a todos los estudiantes. No todos los estudiantes han de hacer lo mismo. Necesitamos una enseñanza más individualizada, y en ese sentido es muy importante avanzar en dotar de mayor autonomía a los centros para que puedan ser capaces de desarrollar proyectos educativos adecuados a su circunstancia.
d) Desde estos principios anteriores estoy convencido de que podemos luchar más eficazmente contra nuestro principal problema educativo que es el fracaso y el abandono temprano. Nuestro país necesita incrementar el número de jóvenes que obtienen el título de graduado en educación secundaria e incrementar el número de jóvenes que continúan su formación en la educación postobligatoria, especialmente en formación profesional de grado medio. Lo necesitan los jóvenes para disponer de la formación necesaria para su desarrollo personal y profesional, y lo necesita España para reorientar nuestro modelo de crecimiento económico y alcanzar las más altas cotas de bienestar social.
Pero con más flexibilidad y transversalidad no será suficiente, por lo que debemos analizar aún mejor e incidir en las causas y propuestas para abordar el fracaso y el abandono y para conseguir el éxito escolar y académico de nuestros estudiantes. Para ello, tendremos que hacer innovaciones no sólo en las medidas educativas, sino también en las sociales.
e) En este sentido, la escolarización temprana es un elemento determinante para conseguir el éxito futuro de los alumnos, así como para la igualdad de oportunidades y la calidad del sistema. En todos los informes, nuestro sistema educativo aparece muy valorado en educación infantil, con una escolarización de prácticamente el 100% entre los 3 y los 6 años, y ahora debemos seguir mejorando, considerando la etapa infantil como etapa educativa y coordinarla con políticas sociales. Resultará necesario, en cualquier caso, armonizar el sentido y las condiciones de esta etapa.
f) En relación con la Formación Profesional estoy seguro de que compartimos que es uno de los grandes retos de nuestra educación. Debemos trabajar por el reconocimiento de la Formación Profesional como formación integral dentro del sistema educativo. Situarla en un lugar determinante del modelo educativo.
Tenemos que conseguir una Formación Profesional que favorezca el logro de una economía basada en la excelencia de sus procesos productivos y que forme profesionales que dominen las nuevas tecnologías, con creciente creatividad y capacidad de innovación. Para ello las cualificaciones de la Formación Profesional deben ser más específicas y vinculadas a las demandas sociales.
Necesitamos que los títulos de Formación Profesional se adecuen a las cualificaciones profesionales y a la generación de una red de centros integrales de formación profesional. Y que esos centros estén vinculados al desarrollo de los territorios y a los sectores emergentes de la nueva economía.
g) Se requiere también un gran impulso de modernización de nuestro sistema educativo. Hemos de promover nuevas formas de aprender y de enseñar a través de las nuevas formas de comunicación que nos ofrecen las nuevas tecnologías. Asimismo, es imprescindible potenciar y desarrollar programas para favorecer y garantizar el aprendizaje de idiomas que va a ser fundamental para abordar los retos del imparable proceso de internacionalización de nuestra sociedad y nuestra economía.
h) La Universidad tiene que estar en el corazón de este gran Pacto. No es un Pacto Escolar, es un Pacto Educativo y la Universidad también es educación. Nuestra Universidad debe afrontar un proceso de internacionalización. Hemos de incidir en la plena confluencia en el Espacio Europeo de Educación Superior con una propuesta que haga que nuestro modelo sea equiparable y compatible con los sistemas de otros países y promover políticas de agregación y excelencia de acuerdo con la Estrategia 2015. Para conseguir los objetivos previstos en dicha Estrategia, tenemos que definir un modelo de financiación del sistema Universitario.
i) Hemos de situar a la comunidad educativa en el centro de un posible acuerdo. No hay pacto por la educación sin un pacto con los educadores. Y esta comunidad está constituida asimismo por los padres y las madres, los tutores y las tutoras, y las familias en general. A su vez se trata de apoyar y facilitar la figura del profesor, propiciar su formación permanente, dotarle de recursos y medios, promover el estatuto del docente, organizar posibilidades de promoción y carrera docente. Es en este contexto donde debemos establecer el debate sobre la autoridad.
Desde el reconocimiento de la educación como bien público y del derecho de los ciudadanos, hemos de garantizar la estabilidad del modelo educativo y del sentido y alcance de los derechos y obligaciones. En este contexto han de situarse los conciertos educativos.
A partir de todas estas consideraciones se trata de garantizar una estabilidad normativa sostenida sobre los aspectos comunes, lo que no excluye modificaciones particulares como consecuencia de un acuerdo global.
Finalmente, para alcanzar todos estos objetivos resulta esencial garantizar una financiación adecuada con duración y perspectiva temporal, que nos equipare a los países de nuestro entorno, en relación con la renta per cápita o con la inversión por estudiante. Es necesario hacer un análisis del efecto de los recursos empleados en los programas aplicados y efectuar una adecuada rendición de cuentas.
Es necesario que identifiquemos y acordemos cuáles son los asuntos que hemos de abordar y cuáles son las prioridades. A partir de ello e inmediatamente un Pacto por la Educación han de definirse las medidas y línea de acción. Y para ello se requiere el concierto de todos.
Muchas gracias.
© Ministerio de Educación
La Conferencia Sectorial debate el documento base sobre el pacto educativo
(Fuente: Comunidad escolar nº 864)
Según Gabilondo, en la reunión se ha constatado la voluntad política de alcanzar acuerdos comunes
Tras la reunión de la Conferencia Sectorial, las comunidades autónomas dispondrán hasta el 15 del próximo mes de enero, para incorporar sus propuestas al documento base sobre el Pacto educativo, que ha presentado el Ministerio de Educación. Ángel Gabilondo ha anunciado que hará una valoración de la viabilidad del acuerdo próximamente.
El ministro de Educación ha presentado un documento de bases a los consejeros de Educación de las Comunidades Autónomas para que introduzcan sus propuestas sobre el Pacto Social y Político por la Educación antes del próximo 15 de enero. En el marco de la Conferencia Sectorial, Gabilondo fijó para los días 27 o 28 del próximo mes de enero una nueva reunión con los representantes autonómicos.
Tras la celebración del encuentro, Gabilondo manifestó que “ha sido una reunión muy positiva en la que hemos dado un paso más para que el pacto sea posible” y que se ha constatado la voluntad política de las comunidades autónomas para alcanzar acuerdos comunes y la demanda social.
De igual modo, subrayó que no se va a trabajar con “urgencia y celeridad” para cerrar inmediatamente el acuerdo, ya que hay que valorar su viabilidad. “Antes de finalizar el año haré una valoración global del pacto” anunció el ministro.
Críticas
Por su parte, Lucía Figar, consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, quiso transmitir en nombre de las comunidades gobernadas por el Partido Popular su agradecimiento a Gabilondo por su “entendimiento y disposición”, pero calificó el documento ministerial como “genérico, abstracto e impreciso” y que omite cuestiones como la libertad de enseñanza y la cohesión del sistema educativo.
En este sentido, el ministro citó la Constitución que en su artículo 27 incorporó “un conjunto de principios referidos al sistema educativo que los distintos Gobiernos democráticos hemos desarrollado desde entonces. Toda política educativa y todo acuerdo han de sostenerse en sus principios”. También valoró especialmente la disposición de todas las comunidades autónomas a pesar de las discrepancias y ha advertido que primero es necesario ponerse de acuerdo en cuáles son los asuntos que hay que abordar, para, posteriormente, elaborar soluciones concretas sobre cuestiones como el fracaso y el abandono escolar prematuro. Aunque el Ministro afirmó que su Departamento tiene propuestas concretas, no quiso revelar su contenido.
Financiación
Para Gabilondo no habrá pacto si no hay un compromiso de financiación entre el Gobierno y las comunidades autónomas, que esa financiación debe ser “estable, sostenida y duradera”. Según especifica el documento ministerial “para alcanzar todos estos objetivos resulta esencial garantizar una financiación adecuada con duración y perspectiva temporal, que nos equipare a los países de nuestro entorno, en relación con la renta per cápita o con la inversión por estudiante. Es necesario hacer un análisis del efecto de los recursos empleados en los programas aplicados y efectuar una adecuada rendición de cuentas”.
Por su parte, el consejero de Educación de la Generalitat de Cataluña, Ernest Maragall, ha manifestado sentir “una sensación de avance” hacia un Pacto por la Educación, porque hay “conciencia compartida” de que no se puede eternizar el debate y de que hay condiciones para lograr un acuerdo en un plazo breve. También reconoció que su impresión es que existe “voluntad explícita” de todas las comunidades autónomas para resolver las carencias del sistema educativo y decidir estrategias comunes. Para este consejero, los puntos de coincidencia son la mejora escolar al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria y el incremento de alumnos que continúan estudios postobligatorios.
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El informe sobre el desarrollo profesional de los profesores en Europa, publicado por la Comisión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y basado en el Nuevo Estudio Internacional sobre Docencia y Aprendizaje (TALIS)
 TALIS. Informe español 2009.
“Los resultados de la Encuesta TALIS reflejan las ansias de aprender de los profesores”
La formación continua de los profesores españoles no tiene impacto en la calidad de la enseñanza
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“Los resultados de la Encuesta TALIS reflejan las ansias de aprender de los profesores”
(Fuente: aprendemas.com 15/12/2009)
Así lo considera Ángel Gurría, secretario general de la OCDE en función de las conclusiones que se desprenden de la Encuesta Internacional sobre Enseñanza y Aprendizaje (TALIS). Entre otras, destaca el hecho de que el 100% de los profesores españoles de Secundaria afirme recibir formación continua, aunque siguen mostrándose insatisfechos y su formación no se refleja en la calidad de la enseñanza.
El informe sobre el desarrollo profesional de los profesores en Europa, publicado por la Comisión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y basado en el Nuevo Estudio Internacional sobre Docencia y Aprendizaje (TALIS), ofrece por primera vez datos comparables a nivel internacional sobre el desarrollo profesional de los profesores.
TALIS es la nueva Encuesta Internacional sobre Enseñanza y Aprendizaje de la OCDE. Se trata de la primera encuesta internacional orientada al entorno del aprendizaje y las condiciones de trabajo de los docentes en su centro de enseñanza. Además, está centrada en los problemas que afectan al profesorado y su rendimiento, tanto desde el punto de vista de los directores de los centros como de los propios profesores. Para realizarla se seleccionaron al azar 200 centros de enseñanza de cada uno de los 23 países que abarcó la encuesta, y en cada centro cumplimentaron los cuestionarios el director y veinte docentes seleccionados al azar.
En lo que respecta a España, la totalidad de los profesores españoles de Secundaria encuestados afirma haber recibido formación en los últimos 18 meses, sin embargo, esta medida no ha tenido como resultado un aumento de la calidad de la enseñanza y el profesorado sigue mostrándose insatisfecho.
Según Michael Davidson, coordinador de la encuesta TALIS, en la que se ha basado este estudio, “el caso español es un enigma. Resulta difícil explicar estos datos”. Por un lado, los docentes demandan participar en actividades de formación. Sin embargo, éstas no parecen tener el impacto esperado. El 60% de los profesores encuestados se muestran, además, insatisfechos, y señalan la necesidad de tener una mayor oferta para aumentar su formación.
Los datos parecen indicar, según Davidson, que las actividades que se ofrecen al profesorado no son las más adecuadas, además de denostar una falta de diálogo con el centro a la hora de evaluar los logros y las necesidades. En este sentido, la Comisión insiste en la necesidad de que cada centro supervise la eficacia de los programas educativos y la labor de los profesores. “Una política escolar en la que se informe a los docentes sobre su rendimiento está fuertemente ligada a su desarrollo profesional y al afecto percibido por este último. Sin embargo, el proceso de evaluación español es el menor desarrollado de los 23 países europeos que se han estudiado”, se afirma desde la Comisión.
En el resto de países
En cuanto a los datos generales, el 89% de los profesores ha asistido a alguna actividad para su desarrollo profesional en los últimos meses y más de la mitad señala la necesidad de un aumento de actividades de este tipo. Según el informe, la información de retorno efectiva sobre su trabajo es necesaria para poder beneficiarse plenamente de las oportunidades de formación. Pero también la variedad de experiencias formativas y un buen ambiente en los colegios son necesarias para el buen desempeño de su labor.
Según señala desde la Comisaría Europea de Educación, Formación, Cultura y Juventud, “tenemos más de seis millones de profesores en la UE y su capacidad de inspirar a todos los alumnos en su aprendizaje es fundamental para el futuro de nuestras sociedades. Si queremos tener una enseñanza de calidad es esencial que nuestros docentes tengan las mejores oportunidades de desarrollar sus capacidades".
Por su parte, el secretario General de la OCDE Ángel Gurría apunta que “los profesores son el elemento vital de la educación, y su desarrollo profesional es un factor decisivo para mantener la calidad de los sistemas educativos. Los resultados de la encuesta TALIS reflejan las ansias de aprender y de mejorar que tienen los profesores”.
El desarrollo profesional de los docentes ofrece grandes posibilidades de mejora de la enseñanza. Sin embargo, los docentes se quejan de que la incompatibilidad con el calendario de trabajo es el principal problema a la hora de participar en las actividades de desarrollo profesional. Esta afirmación refleja la necesidad de políticas destinadas a integrar el desarrollo profesional de los docentes en el conjunto de su actividad laboral y en el funcionamiento de los centros que les acogen.
Además, el informe indica que una política escolar en la que se informe a los docentes sobre su rendimiento está fuertemente ligada a su desarrollo profesional. Más de un 25% de los profesores de Irlanda y Portugal afirman que no se les hace llegar ningún comentario sobre su trabajo, una cifra que aumenta hasta alcanzar el 45% en España y el 55% en Italia. Además, según la encuesta, tres de cada cuatro profesores sienten que las faltan incentivos para mejorar la calidad de su trabajo pedagógico.
Ambiente escolar
Los docentes que se sienten satisfechos del trabajo realizado en su centro de enseñanza tienen una actitud positiva sobre su desarrollo profesional. Por tanto, una mayor atención a aspectos como la evaluación, la información de retorno sobre su trabajo y un ambiente escolar con un clima positivo son fundamentales a la hora de contribuir al desarrollo de los propios de enseñanza. El objetivo sería convertirlos en "organizadores del aprendizaje", al tiempo que se fomenta el aprendizaje profesional continuo y se mejora la calidad de la enseñanza.
Por países, en Bélgica, Dinamarca, Irlanda y Noruega, más de un 90% de profesores afirmaron no esperar ninguna recompensa por mejorar la calidad de su trabajo pedagógico. Los profesores son menos pesimistas en Bulgaria y Polonia, aunque casi la mitad de ellos no se sienten incentivados para mejorar.
Por otra parte, también influye en los profesores el ambiente escolar. El mal comportamiento de los alumnos en las aulas trastoca las clases en tres de cada cinco centros escolares. En Eslovaquia, España, Estonia e Italia, más de un 70% de profesores del primer ciclo de la Enseñanza Secundaria trabaja en centros escolares en los que el mal comportamiento dificulta la labor docente “en cierta medida” o “mucho”. Por su parte, el 38% de los profesores encuestados trabajan en centros con carencia de personal cualificado, mientras que en Polonia este problema afecta sólo al 12% de los centros, en comparación con Turquía, que cuenta con un 78% de los centros con este problema.
Como media, los profesores pasan un 13% de su tiempo de enseñanza intentando mantener el orden en clase, aunque en Bulgaria, Estonia, Lituania y Polonia se pierde menos tiempo por este motivo (sobre un 10%). Además, también perjudican la labor docente el absentismo escolar (46%), los retrasos de los alumnos (39%), las palabras malsonantes (37%) y la intimidación o violencia verbal entre los propios estudiantes (35%).
La formación continua de los profesores españoles no tiene impacto en la calidad de la enseñanza
(Fuente: COMUNIDAD ESCOLAR 2/11/2009)
La OCDE y la Comisión Europea han presentado su nuevo informe sobre el desarrollo profesional de los profesores en Europa en comparación con otras partes del mundo (Teachers’ Professional Development: Europe in international comparison). Su conclusión es que los profesores necesitan información de retorno efectiva sobre su trabajo para poder beneficiarse plenamente de las oportunidades de formación, pero añade que la variedad de experiencias de formación y un mejor ambiente en los colegios son fundamentales para un buen desarrollo profesional.
La formación continua que el 100% de los profesores españoles de Secundaria dicen haber recibido durante los últimos 18 meses “no ha tenido impacto” en la calidad de la enseñanza y, además, la demanda del profesorado no queda satisfecha, según el informe sobre desarrollo profesional de los profesores en Europa publicado el pasado 24 de noviembre por la Comisión Europea y la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico).
Durante la presentación del informe, Michael Davidson, el coordinador de la Encuesta Internacional sobre Enseñanza y Aprendizaje (TALIS) de la OCDE en la que se ha basado este estudio, admitió que el caso español es un “enigma” y que resulta difícil explicar esos datos “misteriosos”.
Davidson resaltó que “hay una fuerte demanda de los profesores para participar en actividades de formación, pero éstas parecen sin impacto”.
El 60% de los profesores españoles encuestados se muestran insatisfechos y les gustaría tener una mayor oferta para aumentar su formación. Estas circunstancias hacen pensar que las actividades que se ofrecen al profesorado “no son las adecuadas”, pero también denotan la “falta de feedback", es decir, de evaluación y diálogo con el centro para evaluar los logros y las necesidades.
En estudios anteriores, la Comisión ha insistido en la importancia de supervisar y evaluar en cada centro la eficacia de los programas educativos y la labor de los profesores, entre otras cuestiones. Una política escolar en la que se informe a los profesores sobre su rendimiento está “fuertemente ligada” a su desarrollo profesional y al efecto percibido de este último, según defiende Bruselas. Sin embargo, el proceso de evaluación español es “el menos desarrollado” de los 23 países europeos y terceros que se han estudiado.
Más formación
Según el informe, casi nueve de cada diez profesores (89%) participan en algún tipo de formación profesional en el trabajo y más de la mitad desean recibir más formación. El informe, basado en la Encuesta International sobre Enseñanza y Aprendizaje (TALIS) de este año realizada en 23 países, ofrece por primera vez datos comparables a nivel internacional sobre el desarrollo profesional de los profesores.
Según Maroš Šefcovic, Comisario Europeo de Educación, Formación, Cultura y Juventud, “tenemos más de seis millones de profesores en la UE y su capacidad de inspirar a todos los alumnos en su aprendizaje es fundamental para el futuro de nuestras sociedades. Si queremos tener una enseñanza de calidad es esencial que nuestros profesores tengan las mejores oportunidades de desarrollar sus capacidades, tanto al principio como a lo largo de sus carreras. Animándolos a que se desarrollen desde un punto de vista profesional contribuimos a elevar el estatus y la capacidad de atracción de su profesión”.
Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, añade a este respecto que “los profesores son el elemento vital de la educación, y su desarrollo profesional es un factor decisivo para mantener la calidad de los sistemas educativos. Los resultados de la encuesta TALIS que figuran en este informe reflejan las ansias de aprender y de mejorar que tienen los profesores, pero también ponen de manifiesto que el desarrollo profesional en servicio debe estar mejor orientado a las necesidades del profesora do”.
La principal conclusión del citado informe es que el desarrollo profesional de los profesores forma parte integrante de su vida. Por tanto, ofrece grandes posibilidades como instrumento de mejora de la enseñanza. Sin embargo, los profesores entienden que la “incompatibilidad con el calendario de trabajo” es la principal barrera a su participación en las actividades de desarrollo profesional, de lo que se deduce que resultaría beneficiosa la aplicación de políticas destinadas a integrar más eficazmente el desarrollo profesional de los profesores en el conjunto de su actividad laboral y en el funcionamiento de los centros de enseñanza.
En conjunto, los resultados indican que una política escolar en la que se informe a los profesores sobre su rendimiento está fuertemente ligada a su desarrollo profesional y al efecto percibido de este último.
Ambiente escolar
El ambiente escolar es también importante. Los profesores que se sienten satisfechos del trabajo que realizan en su centro de enseñanza tienen una actitud positiva sobre su desarrollo profesional. Los responsables políticos pueden deducir de estas conclusiones que una mayor atención a aspectos como la evaluación, la información de retorno sobre el trabajo de los profesores y un ambiente escolar positivo pueden contribuir al desarrollo de los centros de enseñanza como “organizaciones de aprendizaje”, fomentando el aprendizaje profesional continuo y, por tanto, mejorando la calidad de la enseñanza.
Este informe temático fue elaborado por un equipo de investigadores de la Universidad de Twente, en los Países Bajos, y supervisado por el profesor Jaap Scheerens, que es también el revisor del informe.
TALIS es la nueva Encuesta Internacional sobre Enseñanza y Aprendizaje de la OCDE, la primera encuesta internacional que se centra en el entorno del aprendizaje y en las condiciones de trabajo de los profesores en los centros de enseñanza. La encuesta está centrada en los problemas que afectan al profesorado y su rendimiento, desde el punto de vista de los directores de los centros y de los propios profesores. Su finalidad es colmar los importantes vacíos informativos que afectan a las comparaciones internacionales de los sistemas educativos. La encuesta se realizó con el apoyo de la Comisión Europea y abarca veintitrés países: Australia, Austria, Bélgica (Comunidad Flamenca), Brasil, Bulgaria, Corea, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Lituania, Malasia, Malta, México, Noruega, Polonia, Portugal y Turquía. Para su realización se seleccionaron al azar unos 200 centros de enseñanza en cada país, y en cada centro cumplimentaron los cuestionarios el director y veinte profesores seleccionados al azar.
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LOS NIÑOS MÁS CONFLICTIVOS SURGEN DE FAMILIAS ADINERADAS Y ‘PROGRESISTAS’
 Un estudio rompe mitos y advierte del peligro de no atender a los hijos
Colarse en el metro, destrozar mobiliario urbano o robar en grandes almacenes. Tres ejemplos de gamberrismo a cuyos artífices se suele asociar la imagen de un joven conflictivo, hijo de una familia desestructurada y sin recursos.
Nada más lejos de la realidad. Las 1.061 encuestas que ha realizado la Fundación Bofill a familias catalanas con hijos de entre 7 y 12 años, y otras 1.189 al profesorado, alejan del imaginario estos mitos y ponen sobre la mesa una realidad latente. La “falta de supervisión” de los padres es la variable más relevante en las conductas antisociales, según el estudio Modelos educativos familiares de Cataluña coordinado por el catedrático de Sociología de la Universidad de Deusto, Javier Elzo y desarrollado por la Fundación Bofill.
Los más conflictivos, según el texto, proceden en su mayoría de familias de alto poder adquisitivo y cultural. En éstas, los padres desatienden a los hijos y delegan la Educación y la transmisión de valores a la escuela, cursos extraescolares, servicio doméstico u otros familiares. Son progenitores con una vida social activa y con éxito profesional.
“No es cierto que los niños conflictivos procedan especialmente de familias monoparentales, madres trabajadoras, padres separados u otros modelos diferentes al tradicional”, defiende el coordinador.
Fuente: magisnet.com, 15/12/2009
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Para desarrollar el estudio, Elzo ha divido las familias en cuatro tipos. Por un lado se encuentra la familia progresista extravertida, –que en el estudio representa el 23,3% de los casos–. Este núcleo se caracteriza por una “fuerte desimplicación de los padres”, un ideario progresista, –rechazan la pena de muerte, defensores del aborto y la legalización de la marihuana–, un estilo de vida que rechaza el castigo corporal y poco clima afectivo familiar, es decir, pocas muestras de afecto entre sus miembros. Esta tipología tiene, además, un nivel económico y cultural alto. “En este entorno es fácil encontrar padres que tienen una vida social activa y que dan más importancia a su promoción personal que a la familia, por lo que suelen desatender a los hijos”, explica Elzo.
Padres “desbordados”
Otro grupo en el que aparecen conductas antisociales en los niños y preadolescentes es el de las familias “conflictivas”, que en el estudio representa al 15,2%. Según el texto, éstas tienen un nivel adquisitivo y cultural bajo y los padres “están desbordados”, aunque intentan controlar la Educación de sus hijos lo máximo posible. Es en estas familias donde hay conflictos por todo: por los amigos de los hijos, las horas de llegada, los estudios, respuestas irrespetuosas, etc.
Elzo defiende que este tipo de núcleos son los que más ayudas requieren de las administraciones públicas porque “quieren educar bien a sus hijos, pero no pueden por falta de tiempo o formación”. Aquí los progenitores se encuentran con “poca confianza” en sí mismos y viven “angustiados” y “superados” por la Educación de sus hijos.
Al otro extremo de la balanza están las familias más cohesionadas. Son las que el estudio denomina “convivenciales-harmónicas”, que representan el 31,8 % del total de las encuestas. El documento indica que son las que tienen valores más positivos: mejor clima familiar y mejor relación con el centro docente. Son los padres que aplican castigos correctivos, los más religiosos y los que más conformes están con la Educación que sus hijos reciben en los centros educativos. Tienen un sentido educativo “positivo” y no tienen necesidad de controlar. Casualmente, es el núcleo que alberga también la máxima presencia de inmigrantes extranjeros (20 % del total).
En el margen de las conductas prosociales y las antisociales se encuentra el último modelo familiar que ha analizado la Fundación Bofill: la familia “conservadora introvertida familista”, que representa al 30,5% del total.
Es una tipología muy “familista”, muy centrada en el núcleo que hará todo lo posible para ayudar a los suyos –el estudio lo ejemplifica con los padres que llegan a falsear la matrícula para conseguir plaza en el centro escolar que desean–.
En líneas generales, el ideario familiar se centra en un rechazo al aborto libre y a la legalización de la marihuana y una defensa de más “mano dura” y “represión” ante el crimen. Los progenitores están “contentos” con la Educación de sus hijos y en casa no hay conflicto ni normas, ya que se presuponen. En síntesis, una familia “media” con los valores de “siempre”: discreción ante las normas y autoridad dentro y fuera de la familia.
Conclusiones del informe
El estudio concluye que la familia “ha demostrado tener un papel clave en relación a la conducta antisocial o prosocial” de sus hijos. Un factor imprescindible para borrar del imaginario colectivo las teorías que defienden que la Educación de los hijos, y su conducta personal, es proporcional y se evalúa en relación al trato que reciben en la escuela.
Del texto se sobrentiende que los padres tienen una visión ampliada de sí mismos. Las puntuaciones de los progenitores y el profesorado van en la misma dirección, pero cuando hay diferencias, son más positivas por parte de los padres, con independencia del núcleo al que pertenezcan.
En todos los casos, el hijo o hija percibe menor implicación del padre que de la madre en las actividades vinculadas con ellos. Además, los hijos hacen una valoración menor de la implicación de sus progenitores, que la que dicen éstos que tienen.
Para que un preadolescente adquiera posturas conflictivas, los principales factores que le influirán serán la falta de supervisión parental, las discusiones entre padres e hijos y el estilo educativo familiar. ¿La combinación más adecuada? El texto defiende que las familias que “permiten la expresión de sentimientos y opiniones” y que refuerzan los comportamientos correctos.
Las claves
–Tipologías
Para desarrollar el estudio, Elzo ha dividido las familias en cuatro tipos: progresista-extravertida, conservadora-introvertida, conflictiva y convivencial-ármonica.
–Los más antisociales
El texto defiende que los hijos más conflictivos provienen del núcleo progresista. Los padres desatienden a sus hijos y delegan su Educación en favor de su vida social y el éxito profesional.
–Los más normativos
El estudio asegura que son los hijos que pertenecen al grupo convivencial-harmónico. Familias religiosas, que ayudan al prójimo y que no tienen vergüenza de mostrar sus sentimientos. Son familias normativas.
–Notable
Es la nota de la Educación de los hijos en Cataluña. La conducta de éstos depende más del clima que de la estructura familiar.
–Inmigración
Destaca la integración de los inmigrantes. Los extranjeros forman parte en mayor medida de las familias armónicas que de las conflictivas.
–Implicación
Los hijos perciben una menor implicación de los padres que de las madres en su Educación. En líneas generales, tienen una valoración menor de sus padres que la que éstos hacen de ellos mismos.
–Cohesión
Para lograr un buen clima familiar, Elzo aconseja que los padres permitan a sus hijos expresar sus sentimientos y que acaten sus normas.
–Destrozar mitos
El informe advierte de que “nos hemos de alejar de afirmaciones que enfatizan que la incorporación de la mujer al mundo laboral o las familias monoparentales son elementos explicativos de los problemas educativos en el interior de las familias”.
Informe: Models educatius familiars a Catalunya
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¡A leer y escribir todo el mundo!
 Un proyecto obliga a los docentes de todas las materias a mejorar la competencia lingüística del alumnado
En el instituto público Sánchez Lastra, de Mieres (Asturias), cuando hacen un experimento en la clase de ciencias, los alumnos de ESO deben redactar después un informe sobre el trabajo y sus conclusiones. Como la clase se les da en inglés (el centro tiene una sección bilingüe), durante la asignatura dedicada a esa lengua se dedicará parte de la clase al vocabulario y las construcciones necesarias para redactar ese informe. Luego, en la hora de lengua española, los textos que se utilicen para enseñar gramática o sintaxis serán pasajes de matemáticas, de ciencias, de música o de cualquier otra materia que los alumnos deben luego aprender.
En un sistema educativo en el que raramente se planifica más allá de cada departamento (el de lengua, el de matemáticas...), el caso del Sánchez Lastra no es fruto de la casualidad, sino de un proyecto piloto en el que participan junto a otros 79 centros infantil primaria y secundaria de 12 comunidades. Se trata de poner a todo el colegio a mejorar el talón de Aquiles que ha señalado el Informe PISA de la OCDE en España: la lectura. En 2006, los alumnos españoles retrocedieron 20 puntos respecto a la prueba anterior, el mayor descenso entre los países desarrollados en esta competencia clave para avanzar en cualquier otra disciplina.
FUENTE: EL PAIS, 14/12/2009
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En el instituto público Sánchez Lastra, de Mieres (Asturias), cuando hacen un experimento en la clase de ciencias, los alumnos de ESO deben redactar después un informe sobre el trabajo y sus conclusiones. Como la clase se les da en inglés (el centro tiene una sección bilingüe), durante la asignatura dedicada a esa lengua se dedicará parte de la clase al vocabulario y las construcciones necesarias para redactar ese informe. Luego, en la hora de lengua española, los textos que se utilicen para enseñar gramática o sintaxis serán pasajes de matemáticas, de ciencias, de música o de cualquier otra materia que los alumnos deben luego aprender.
En un sistema educativo en el que raramente se planifica más allá de cada departamento (el de lengua, el de matemáticas...), el caso del Sánchez Lastra no es fruto de la casualidad, sino de un proyecto piloto en el que participan junto a otros 79 centros infantil primaria y secundaria de 12 comunidades. Se trata de poner a todo el colegio a mejorar el talón de Aquiles que ha señalado el Informe PISA de la OCDE en España: la lectura. En 2006, los alumnos españoles retrocedieron 20 puntos respecto a la prueba anterior, el mayor descenso entre los países desarrollados en esta competencia clave para avanzar en cualquier otra disciplina.
En realidad, el proyecto piloto, impulsado por el Organismo Autónomo de Programas Europeos del Ministerio de Educación, con el asesoramiento del Proyecto Atlántida de escuelas democráticas, habla de mejorar la comunicación lingüística: leer, escribir, hablar, interactuar... Una de las ocho competencias básicas que la ley española y la UE dicen que los alumnos han de dominar al final del instituto. Así, a partir del marco europeo de las lenguas (el estándar fijado por la UE para medir el nivel de comprensión y expresión orales y escritas en un idioma), y uniendo la mejora para la lengua materna y las extranjeras, un grupo de expertos ha redactado los materiales de apoyo a los profesores. Éstos, los de todas las asignaturas, eligen y adaptan la manera de enseñar su materia mejorando de paso la competencia comunicativa de sus alumnos. Este curso han empezado a elaborar y a poner en marcha el plan y el año que viene será evaluado para intentar que las estrategias que funcionen mejor se generalicen, explica Florencio Luengo, de Atlántida.
En el instituto Sánchez Lastra, por ejemplo, al principio del trimestre entregan a los alumnos el portafolio con el que los estudiantes saben qué se les va a enseñar, qué trabajos tendrán que hacer y cómo les evaluarán. Habrá trabajos que recorrerán todas las materias -esta evaluación ha sido sobre los derechos humanos- y que acabarán plasmados en carteles, grabaciones o presentaciones orales. Además, redactarán un boletín trimestral sobre lo que han hecho, con lo que reflexionan sobre los contenidos tres veces: antes, durante y después.
Éste es un punto fundamental si se tiene en cuenta la explicación del director del Instituto de Evaluación, Enrique Roca, sobre los resultados de las pruebas nacionales e internacionales. Roca asegura que el problema de los alumnos españoles frente a la lectura no es comprender los textos y extraer la información literal, lo cual hacen relativamente bien, sino reflexionar después sobre el texto y relacionarlo con otras cosas que ya saben.
En qué fallamos
Una de las claves para mejorar la competencia lingüística de los alumnos es que todos los docentes de todas las materias se pongan a ello, pero también hay fallos en las propias asignaturas de lengua. Los expertos del proyecto de mejora del ministerio y Atlántida Estela D´Angelo, profesora de la Complutense, y Plácido Bazo, de la Universidad de La Laguna, lo resumen en que se enseña mucha gramática y poco uso del idioma. "Los alumnos no se enfrentan a distintos tipos de situación, a distintos tipos de destinatario. La gente se fija más, por ejemplo, en los errores ortográficos, más evidentes, pero no se trabaja la coherencia de un texto, la cohesión" asegura D´Angelo, que preside además la Asociación española de Lectoescritura.
Bazo, experto en la enseñanza de lenguas extranjeras, está de acuerdo, pero añade que hay un fallo muy común en los centros bilingües. "En primaria, les enseñamos en la clase de inglés un nivel básico, pero en la de ciencias les enseñan con un vocabulario de los niveles más altos, y así se produce un descalabro. En las ciencias hay contenidos muy específicos, pero también discursos más generales, como la teoría de la causa y el efecto; que les enseñen esto en inglés y los nombres de las rocas o de las aves, si hay que darlos, que lo hagan en español".
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España incumple los objetivos de la UE para 2010
 Según el informe sobre reformas educativas que ha publicado la Comisión Europea, España incumple todos los objetivos que se marcó la Unión Europea para mejorar los sistemas educativos en 2010 e incluso empeora en los más importantes como las tasas de abandono escolar o el nivel de comprensión lectora. Por otro lado, el titular de Educación español, Ángel Gabilondo, ha participado en estos días en la reunión del Consejo de Ministros comunitario, en la que planteó la necesidad de políticas específicas para los inmigrantes.
El Ejecutivo comunitario atribuye estos malos resultados a la llegada masiva de inmigrantes, que son más susceptibles al abandono escolar y a tener problemas de comprensión lectora, por constituir uno de los grupos sociales más desfavorecidos y, también, al fuerte crecimiento experimentado por la economía española hasta el inicio de la crisis, que alejaba a los jóvenes del sistema escolar por la facilidad de encontrar un puesto de trabajo.
Fuente: COMUNIDAD ESCOLAR 2/12/2009
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No obstante, Anders Hingel, jefe de unidad de Educación del Ejecutivo comunitario, admitió que España ha adoptado reformas importantes en el sistema educativo en los últimos años para afrontar los problemas de lectura y de abandono escolar, aunque los resultados no se ven “de la noche a la mañana”. También anticipó que el próximo informe PISA podría expresar que estas reformas “han tenido un efecto positivo y han mejorado el nivel de lectura”.
Datos antiguos
Para Ángel Gabilondo este informe maneja datos antiguos y, aunque reconoce que hay aspectos susceptibles de mejora, no ve motivo de alarma. “Ninguna voluntad de ocultar la inquietud que todos sentimos por el sistema educativo, pero tampoco queremos alarmas”, afirmó el ministro, quién no obstante ha señalado que la Comisión utiliza datos de 2006 y que las cifras actualizadas correspondientes al curso 2009-10 “cambian un poco la situación”. Gabilondo ha hecho hincapié en que España destina en este momento el 4,95% del PIB a educación, mientras que el análisis comunitario fija la inversión en el 4,28% y destacó el buen nivel de la Educación Infantil y el aumento del número de personas en formación. Asimismo, Gabilondo advierte que este documento es una “propuesta” de la Comisión y no un “informe acabado”, como el de la OCDE que, en su opinión, es un “buen diagnóstico” sobre las debilidades y fortalezas del sistema educativo español. “Cuando haya un informe de la CE, lo miraremos con mucha atención”, afirmó.
Debate
De igual modo, ha manifestado que “en un momento de crisis social, económica, política y de valores” hay que situar la formación y la educación en el centro de la Estrategia de Lisboa. “Sin hacer de la educación el corazón de la economía será difícil abordar esta transformación del modelo productivo hacia una economía sostenible”, declaró. También ha precisado que Europa no es sólo la Europa de la seguridad o del euro, sino también la de la cultura, la educación, las ciudades y las universidades. Esta doble vertiente va a ser para la presidencia española “determinante” y anunció que habrá un debate sobre los sistemas educativos europeos, porque comienza a haber cierta preocupación por la rigidez y la falta de movilidad de los estudiantes ligada a la duración del ciclo formativo.
Gabilondo acudió la semana pasada a la reunión del consejo de Ministros de Educación Europeo y uno de los temas que expuso en la reunión estuvo centrado en la importancia que España concede a la igualdad, la educación inclusiva, de los inmigrantes y la educación que tiene en cuenta la diversidad europea, planteando la necesidad de políticas específicas para los inmigrantes, porque muchos problemas educativos son también sociales, como el abandono escolar. “Nos equivocamos si pensamos que las causas son sólo escolares, hay que ver también cuáles son las causas sociales”, dijo. Apostando por sistemas educativos más flexibles afirmó que “integración no es asimilación, así que tendremos que respetar también esa diversidad” y se mostró partidario de políticas específicas.
Integración de inmigrantes
En el transcurso del Consejo de Educación de la UE, Gabilondo y Constantino Sotoca, consejero de Educación, Formación y Empleo de la Región de Murcia, presentaron un documento sobre la integración de los alumnos inmigrantes y los factores que influyen en el rendimiento académico de los inmigrantes de segunda generación. Para facilitar la integración de estos estudiantes, el consejero, que asiste al encuentro en representación de las comunidades autónomas, expuso cinco propuestas: establecer planes de acogida en los centros, hacer un diagnóstico inicial de la situación del alumno, facilitar el aprendizaje de la lengua, realizar una adaptación curricular y formar a los profesores.
Entre los factores que provocan peor rendimiento en los inmigrantes de segunda generación, figuran las diferencias socioeconómicas y culturales, la incorporación temprana al mercado de trabajo, el desconocimiento de la lengua y el establecimiento de ghettos. En este sentido, nuestro representante se muestra partidario de una escolarización equilibrada, fomentar la formación del profesorado que atiende a estos escolares y establecer protocolos de actuación conjuntos entre países de origen y acogida de inmigrantes.
Solo Finlandia
La Unión Europea marcó cinco objetivos educativos para 2010: situar la tasa de abandono escolar por debajo del 10%, reducir al menos un 20% el porcentaje de alumnos con problemas de comprensión lectora, lograr que al menos el 85% de los jóvenes completen la Educación Secundaria, aumentar en un 15% el número de diplomados en Matemáticas, Ciencias y Tecnologías y conseguir que el 12,5% de la población adulta participe en formación continua. En la actualidad, sólo Finlandia cumple ya los cinco objetivos y se están aproximando Polonia, Suecia y Eslovenia.
En cuanto el primer objetivo, España ha pasado del 29,1% en el año 2000 al 31,9% en 2008, frente al 14,9% de la media europea. Los estados miembros que registran menor abandono escolar con Polonia (5%), Eslovenia (5,1%) y República Checa (5,6%). Por lo que se refiere a comprensión lectora, la tasa de alumnos de 15 años con problemas de lectura aumentó del 16,3% en 2000 al 25,7% en 2006, frente al 24,1% de media comunitaria, Finlandia se sitúa en el 4,8% e Irlanda en el 12,1%.
Mientras que en 2008, sólo el 60% de los jóvenes españoles de 22 años habían completado la Educación Secundaria no obligatoria, el objetivo de la UE es del 85%. Además, el porcentaje ha descendido desde el 66% que se registraba en España en 2000.
Diplomados
Por otra parte, se ha aumentado en un 12,4% el porcentaje de diplomados en matemáticas, ciencia y tecnología entre 2000 y 2007, pero se sitúa por debajo de la media de la UE que es del 33,6%. Aunque España ha aumentado el porcentaje de población adulta que participa en formación continua desde el 4,1% en 2000 hasta el 10,4% en 2008, tampoco alcanza el objetivo del 12,5%. Este informe señala que la inversión pública española en educación que es del 4,28% del PIB en 2006 se sitúa por debajo de la media comunitaria que se establece en el 5,05% y alejada de Dinamarca (8%), Suecia (6,85%) o Finlandia (6,14%).
Sin embargo, este informe recoge resultados positivos, como el incremento del número de niños de muy corta edad en la enseñanza, así como la participación global en la educación inicial y los niveles educativos de los ciudadanos comunitarios en general. El número de adultos en edad de trabajar, de 25 a 64 años, con bajo nivel educativo se ha reducido en más de un millón al año desde 2000, pero todavía son 77 millones de adultos, aproximadamente el 30% para la UE en su conjunto. De igual modo, han experimentado avances el aprendizaje de idiomas en las escuelas y la movilidad de los estudiantes en la educación terciaria, que se ha incrementado más del 50% desde 2000.
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Premios Marta Mata a la calidad de los centros educativos
 El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, ha entregado hoy en los premios Marta Mata a la calidad de los centros educativos correspondientes a la convocatoria de 2008. Se han entregado 10 premios a otros tantos centros de seis comunidades autónomas. La dotación total ha sido 97.000 euros.
Estos premios, tienen como objetivo reconocer y dar visibilidad a la trayectoria de centros docentes no universitarios que se hayan distinguido por sus buenas prácticas y por el esfuerzo compartido de toda la comunidad educativa para mejorar la educación para todos.
Se pretende mostrar y difundir actuaciones ejemplares que, habiendo innovado y experimentado nuevos enfoques, puedan orientar e inspirar a otras comunidades educativas en su deseo de mejorar sus actuaciones.
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Los criterios de valoración del Premio Marta Mata son:
* La educación de calidad para todos.
* La trayectoria del centro en cuanto a la mejora del rendimiento escolar
* Una acción educativa transmisora de valores que favorezcan la ciudadanía democrática, la igualdad, el respeto, la justicia y todo lo que constituye la base de la vida en común.
* El esfuerzo compartido por toda la comunidad educativa. La existencia de un entorno de aprendizaje abierto.
* Que haya un proceso sistemático de evaluación.
Los galardones entregados hoy tienen una dotación económica de 15.000€, 10.000€ y 6.000€ a los primeros, segundos y terceros premios respectivamente de cada una de las cuatro modalidades. A continuación se detallan dichas categorías y los centros ganadores en la convocatoria del año 2008:
* Centros de titularidad pública de Educación Infantil, Educación Primaria o ambas.
o Primer premio
+ CEIP mare de Dèu dels Xics. La Font de la Figuera (Valencia)
o Segundo premio
+ CEIP Miralvalle. Plasencia (Cáceres)
o Terceros premios
+ CEIP Benito Pérez Galdós. Majadahonda (Madrid)
* Centros de titularidad pública de Educación Secundaria, Bachillerato o ambas y que impartan en su caso Formación Profesional.
o Primer premio
+ IES-SEP Esteve Terradas i Illa. Cornellá de Llobregat. (Barcelona)
o Segundo premio
+ IES Luis Seoane. Pontevedra
o Terceros premios (ex aequo)
+ IES Manuel de Falla. Coslada (Mádrid)
+ IES Priorat. Faset (Tarragona)
* Centros docentes de titularidad pública específicos de FP Inicial, de educación de personas adultas, de educación especial, escuelas oficiales de idiomas y centros que impartan enseñanzas artísticas o enseñanzas deportivas.
o Primer premio
+ Escuela de Arte Nº 10. Madrid
o Segundo premio
+ Centro integrado de Formación Profesional Juan de Colonia. Burgos
o Tercer premio: desierto
* Centros docentes privados concertados a los que se refiere el apartado 1 del artículo 116 de la LOE.
o Primer premio: desierto
o Segundo premio:
+ Colegio Calasancio. Almazán. (Soria)
o Tercer premio: desierto
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Nuevo impulso a la escuela digital
 Las comunidades de Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha y Cataluña y la compañía Microsoft se suman al programa Escuela 2.0
El Ministerio de Educación ha firmado con los gobiernos de Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha y Cataluña sendos acuerdos para desarrollar en dichas regiones el programa Escuela 2.0, que ya se está implantando en Andalucía, Asturias y Castilla y León. También ha suscrito un convenio de colaboración con Microsoft, para el uso del software educativo de dicha compañía en los centros que dependen de la gestión directa del Departamento, y en las comunidades autónomas que lo deseen, “a un precio altamente competitivo”. Por otra parte, en la sede central del Ministerio se ha presentado un aula real del programa Escuela 2.0., además del recurso educativo Cosmolema.
Fuente: Comunidad escolar nº 864
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El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, ha firmado con los presidentes de Aragón, Marcelino Iglesias, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José María Barreda, y con los consejeros de Educación de los gobiernos autonómicos de Canarias, Milagros Luis Brito, y de Cataluña, Ernest Maragall, sendos acuerdos que sientan las bases para el desarrollo del programa Escuela 2.0 en esas comunidades autónomas. En virtud de dichos convenios, más de 5.500 jóvenes aragoneses, 12.000 canarios, 21.100 castellano-manchegos y 60.000 catalanes, que estudian este año 5º y 6º de Primaria se beneficiarán de esta iniciativa para la digitalización de las aulas en dicho nivel educativo, gracias a la financiación conjunta de la Administración central y las autonómicas.
Para ello, el Ministerio y los respectivos gobiernos regionales cofinanciarán estas iniciativas en el presente curso 2009-2010 con casi 6 millones de euros en Aragón, 10,2 millones en Canarias, 11,8 millones en Castilla-La Mancha y 30,8 millones en Cataluña. Con dichas partidas se garantizará la dotación de recursos TICs a los alumnos y centros (ordenadores portátiles para estudiantes y profesores y aulas digitales con “dotación eficaz estandarizada”), así como la conectividad a Internet y la interconectividad dentro del aula para todos los equipos, y se facilitará el acceso a la Red en los domicilios en horarios especiales.
Formación
También se asegurará la formación del profesorado, no sólo en las cuestiones tecnológicas sino, sobre todo, en los aspectos metodológicos y sociales de la integración de estos recursos en su práctica docente cotidiana. Además, se generará y facilitará el acceso de toda la comunidad educativa a materiales digitales ajustados a los diseños curriculares, y se implicará al alumnado y sus familias en la responsabilidad de la custodia y uso de estos equipos.
El programa de innovación educativa Escuela 2.0 busca “hacer realidad nuevas formas de aprender y de enseñar”, y fue anunciado por el Presidente del Gobierno el pasado mes de mayo durante el último debate del Estado de la Nación. Hasta la fecha se han suscrito también convenios similares con el Principado de Asturias, la Junta de Andalucía y la Junta de Castilla y León, y en las próximas fechas se firmarán otros con la práctica totalidad de las comunidades autónomas, con el fin de que el 30 de abril de 2010 participen en esta iniciativa 400.000 jóvenes.
Polémica en Valencia
Sin embargo, el consejero de Educación de la Generalitat valenciana, Alejandro Fon de Mora, ha anunciado que esta comunidad no se sumará al programa porque los 125 euros que otorga el Gobierno central para financiar la compra de ordenadores “no suponen el 50% del coste real” ya que, según sus estimaciones, no cubren los gastos de instalación, mantenimiento, reposiciones y el seguro de rotura o robo, y sólo permiten adquirir unos equipos de pequeño tamaño que pueden causar problemas de salud a los niños. El consejero ha comparecido en una rueda de prensa exhibiendo un miniportátil con una pantalla de 10 pulgadas, y ha afirmado que “el ordenador que ofrece Zapatero puede provocar daños visuales a los chicos, como la miopía”.
Alejando Font de Mora ha apoyado sus afirmaciones con un estudio realizado por la Fundación Oftalmológica del Mediterráneo, subvencionada por la Generalitat a través de la propia Consejería de Educación. En el mismo se indica que “que el aumento de horas diarias de utilización de VDT de pequeño tamaño y sostenido durante años, podría aumentar las posibilidades de aparición de problemas de convergencia y acomodación entre los niños, y así mismo hay que prever un cierto porcentaje de miopización inducida por la demanda continuada de cerca”. Por el contrario, el vocal de la Sociedad Valenciana de Oftalmología, Ricardo Campos, ha calificado de “bobada y barbaridad científica” la tesis de la miopía que defiende el consejero, a quien ha preguntado si “realizará un llamamiento a los padres para que prohíban a sus hijos los videojuegos y teléfonos móviles, cuya dimensión esa mucho menor a la del un portátil”.
El ministro de Educación ha mostrado su respeto por la decisión del Gobierno valenciano y por “las teorías de la miopía de cada cual”, aunque ha lamentado que los estudiantes de esta región no vayan a acceder a “un programa que puede impulsar la incorporación de nuevas tecnologías, nuevos lenguajes y una nueva forma de enseñar y aprender en las aulas”. Ángel Gabilondo ha recordado que todas las comunidades autónomas, salvo Madrid, Murcia y Valencia (gobernadas por el PP) han manifestado su intención de sumarse a Escuela 2.0, ha dicho que el presidente Zapatero “no va en carromato repartiendo ordenadores”, y ha recordado que hay un “amplio margen de flexibilidad en la aplicación de este programa, que ha hecho posible el acuerdo con casi todas las comunidades incorporando las adaptaciones necesarias a cada caso”.
Colaboración
Mientras tanto, el Ministerio de Educación y Microsoft han firmado un acuerdo por el que entablan “una amplia línea de colaboración” en el marco del citado programa Escuela 2.0, Para ello, ambas entidades se han marcado el objetivo común de aplicar la innovación e impulsar la consolidación del uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en el ámbito educativo. En principio se beneficiarán del mismo 4.000 alumnos de 5º y 6º de primaria de Ceuta y Mellilla (que dependen de la gestión directa del Departamento), la mitad de ellos este curso y la otra mitad el próximo.
La secretaria de Estado de Educación y formación Profesional, Eva Almunia, y la presidenta de Microsoft España, María Garaña, han rubricado este convenio, cuyo alcance no se limita a la labor de “dotar las aulas de la última infraestructura tecnológica”, sino que también se extiende a “otros aspectos fundamentales para la total integración de las TIC en la enseñanza”, como la formación de los profesores, el estudio de modelos de desarrollo de las Aulas del Futuro, la colaboración en el ámbito de la Formación Profesional relacionada con la Tecnología de la Información, o la “plena integración en la Sociedad de la Información de los colectivos más desfavorecidos”.
Experiencias innovadoras
El Ministerio y Microsoft manifiestan con este acuerdo su intención de desarrollar “proyectos y experiencias innovadoras en el entorno educativo, definiendo nuevas experiencias que promuevan el uso de las más avanzadas tecnologías en contextos innovadores”. Para ello, esta compañía pondrá las últimas versiones de su software a disposición de los centros educativos que están bajo la competencia directa del Departamento, “a un precio altamente competitivo”. Y también todos los recursos y conocimientos sobre los proyectos de “Escuelas Innovadoras” o “Aulas del Futuro”, que viene desarrollando desde hace años, “con unos resultados muy positivos”, en colaboración con entidades públicas y privadas.
También ofrece un amplio abanico de posibilidades para los docentes, como cursos “para aumentar su conocimiento de los nuevos productos y versiones, así como sobre el cualquier programa innovador de interés educativo incluido en el catálogo de Microsoft”. Los principios de este acuerdo podrán extenderse a las comunidades autónomas que participan en el programa Escuela 2.0” y deseen suscribirlo con esta compañía, con un coste que podría rondar los ocho euros al año por alumno, lo que supone alrededor de un 90% de descuento con respecto al precio de mercado. Todo ello incluiría la instalación del último sistema operativo de Microsoft (Windows 7), el paquete de aplicaciones Office y la formación de los docentes.
Integración global de las TIC
La secretaria de Estado de Educación ha manifestado que “por primera vez, el sur de Europa va a exportar un modelo de innovación educativa hacia el norte, donde ya están comenzando al estudiar las posibilidades de adaptación de Escuela 2.0”. Según Eva Almunia, “en esta apuesta por la integración global de las nuevas tecnologías en la educación, la colaboración entre instituciones y empresas del sector permitirá acelerar y multiplicar las posibilidades de un programa, que este curso llegará a casi 400.000 alumnos”.
Por su parte, la presidenta de Microsoft España ha señalado que “las habilidades tecnológicas han de estar integradas en el proceso educativo de nuestros jóvenes”. María Garaña ha recordado que su compañía lleva años “desarrollando herramientas software altamente competitivas, experiencias pioneras de aulas del futuro e iniciativas que han ayudado a alumnos, profesores y padres a vivir una experiencia educativa completamente transformada gracias al potencial de las tecnologías de la información”. Y ha añadido que “Microsoft comparte los planes del Ministerio en su iniciativa Escuela 2.0, y está absolutamente comprometida con el objetivo común de mejorar el proceso educativo mediante el uso de herramientas tecnológicas en el aula”.
Aula digital y recursos educativos
Por otra parte, el Ministerio de Educación ha presentado en su sede central un aula real del programa Escuela 2.0, con alumnos del tercer ciclo de Primaria del Colegio Público "Juan Aguado", de la localidad toledana de La Torre de Esteban Hambrán. La secretaria de Estado de Educación y Formación Profesional, Eva Almunia, ha presidido este acto que, según sus palabras, ha servido para mostrar cómo serán “las aulas de los colegios españoles en el siglo XXI, unas aulas en las que todo el mundo está al alcance de una pantalla y en las que se puede aprender de otra manera”.
Durante este acto los chicos y sus profesoras han mostrado contenidos didácticos de matemáticas y cómo funciona el recurso educativo digital Cosmolena, un juego creado por el Centro virtual www.leer.es Está basado en las relaciones entre las palabras y permite, por primera vez, navegar por el diccionario de la Real Academia de la Lengua (RAE), “descubriendo la riqueza del lenguaje y múltiples aplicaciones didácticas. Un recurso que, según Eva Almunia, “demuestra una vez más que para aprender hay que hacer un esfuerzo, pero que también se puede aprender jugando”. Al final del acto, el ministro Ángel Gabilondo ha departido informalmente con los escolares.
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RELIGIÓN: Ante la retirada de los crucifijos de los colegios
 Gabilondo: “Se tendrán en cuenta las creencias de una sociedad PLURAL”
El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, garantizó hoy que la Ley de Libertad Religiosa tendrá en cuenta "la situación social y creencias de una sociedad que hoy es también plural desde el punto de vista religioso".
En declaraciones a los medios de comunicación en un acto en Zaragoza, Gabilondo recordó que la proposición no de ley aprobada ayer en el Congreso de los Diputados a petición de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) "es una proposición y, como tal, tiene carácter de instancia".
El Congreso vota para que se retiren los crucifijos de los colegios públicos
El PSOE acuerda con ERC aplicar la doctrina del Tribunal de Estrasburgo
En efecto, anoche la Comisión de Educación del Congreso, con el apoyo de PSOE, ERC-IU-ICV y BNG, y el voto en contra del PP y CiU, aprobó que el Gobierno se comprometa a trasladar al ordenamiento jurídico nacional la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 2 de noviembre pasado que da la razón a un particular en su denuncia al Estado italiano por la presencia de crucifijos en un colegio público. La sentencia del Tribunal de Estrasburgo señala que "el crucifijo en la escuela pública supone una violación de los derechos de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones y de la libertad de religión de los alumnos".
El crucifijo resiste
Una virulenta reacción conservadora asusta al Gobierno y frena las medidas por la laicidad de la escuela - La doctrina de Estrasburgo agita la Europa católica
"No está en los planes del Gobierno retirar los crucifijos de los colegios". Con estas palabras del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, terminó una jornada de gran revuelo entre los partidos políticos, las asociaciones y plataformas de enseñanza, laicas y religiosas, y en la más alta jerarquía de la Iglesia católica.
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Gabilondo: “Se tendrán en cuenta las creencias de una sociedad PLURAL”
(Fuente: Europa Press 3/12/2009)
· Recuerda que lo que se ha aprobado “es una proposición”, no una ley
· “Entiendo que la petición es para que se acelere la Ley de Libertad Religiosa”
El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, garantizó hoy que la Ley de Libertad Religiosa tendrá en cuenta "la situación social y creencias de una sociedad que hoy es también plural desde el punto de vista religioso".
En declaraciones a los medios de comunicación en un acto en Zaragoza, Gabilondo recordó que la proposición no de ley aprobada ayer en el Congreso de los Diputados a petición de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) "es una proposición y, como tal, tiene carácter de instancia".
"Yo entiendo que la petición es para que se aceleren los trámites para que se establezca la Ley de Libertad Religiosa", señaló y añadió que "en España conocen el articulo 16 de la Constitución que habla de la libertad religiosa y, en su punto tercero, señala aspectos determinantes, como que estamos en un país aconfesional pero que hay que tener en cuenta las creencias religiosas de la población".
Por ello, Gabilondo dijo "esperar, desear y estar seguro" de que se va a tener en cuenta este artículo de la Constitución. "Lo de ayer es fundamentalmente una instancia para que en el desarrollo de la ley se tenga en cuenta la situación social y creencias de una sociedad que hoy es también plural desde el punto de vista religioso", aseveró.
“Dirigida a los ciudadanos”
En referencia a si se aplicará sólo en centros públicos o también en los concertados, Gabilondo recordó que la propuesta de ERC "hablaba de los públicos", mientras que "la resolución no hace mención expresa a los centros públicos". "Lo que quiero decir es que la Constitución es para todos y, por tanto, las disposiciones que se hagan se dirigirán a los ciudadanos", concluyó.
El Congreso de los Diputados aprobó ayer una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno a aplicar en todos los centros escolares la jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que asegura que los crucifijos en las aulas son "una violación de los derechos de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones" y de "la libertad de religión de los alumnos".
La sentencia, hecha pública a principios del pasado mes, respondía al recurso presentado por Soile Lautsi, una ciudadana italiana de origen finlandés, que en 2002 había pedido al instituto estatal italiano en el que estudiaban sus dos hijos que quitara los crucifijos de las clases.
La iniciativa aprobada en la Comisión de Educación y Deporte del Congreso surgió de un texto propuesto por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que posteriormente fue modificado y pactado con el PSOE. La proposición no de ley acordada entre socialistas y republicanos contó con el apoyo del BNG y el rechazo del PP y CiU. El resultado de la votación fue 20 votos a favor y 16 en contra.
El texto inicial de ERC pedía al Gobierno que llevara a cabo "las modificaciones oportunas para impulsar y garantizar" la retirada de los crucifijos de las escuelas públicas. Eso sí, los republicanos ya habían advertido de que era un paso previo para quitar la simbología religiosa de los colegios concertados.
Finalmente, el PSOE ofreció a Esquerra un acuerdo donde no hay un llamamiento expreso a retirar la simbología religiosa, pero sí reclama al Gobierno que "traslade la jurisprudencia establecida por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo" sobre libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, "especialmente en lo relativo a centros escolares", sin especificar la titularidad de los centros.
Tardà: “En todos los colegios”
El diputado de ERC Joan Tardà aseguró hoy que la retirada de crucifijos aprobada ayer en el Congreso de los Diputados afectará a "todos los colegios", ya sean públicos o concertados. En declaraciones realizadas en los pasillos del Congreso, Tardà reconoció que el primer escalón será la escuela pública, pero después la medida se aplicará a todos.
Tras celebrar que el Gobierno asuma la incorporación al ordenamiento jurídico español de la jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, el diputado independentista insistió en que "el derecho a la libertad religiosa no se puede vulnerar".
Tardà aseguró que durante la negociación de la enmienda transaccional con el PSOE "quedó claro, y el PSOE era muy consciente", de que la medida afectaría "a todos los centros escolares". De hecho, esa convicción fue la que hizo finalmente que CiU y el PP votaran en contra de la proposición no de ley. "Todos sabíamos qué es lo que votábamos", sentenció.
El Congreso vota para que se retiren los crucifijos de los colegios públicos
El PSOE acuerda con ERC aplicar la doctrina del Tribunal de Estrasburgo
(Fuente: EL PAIS 3/12/2009)
"Hoy los republicanos de ERC nos sentimos más del PSOE que nunca, digo del PSOE, no del Gobierno". Esta fue la exclamación del portavoz de ERC, Joan Tardà, al comprobar casi con incredulidad que el Grupo Parlamentario Socialista, tras varias horas de negociación, aceptaba parte de su proposición no de ley por la que los símbolos religiosos deben retirarse de los centros escolares.
"Hoy los republicanos de ERC nos sentimos más del PSOE que nunca, digo del PSOE, no del Gobierno". Esta fue la exclamación del portavoz de ERC, Joan Tardà, al comprobar casi con incredulidad que el Grupo Parlamentario Socialista, tras varias horas de negociación, aceptaba parte de su proposición no de ley por la que los símbolos religiosos deben retirarse de los centros escolares.
En efecto, anoche la Comisión de Educación del Congreso, con el apoyo de PSOE, ERC-IU-ICV y BNG, y el voto en contra del PP y CiU, aprobó que el Gobierno se comprometa a trasladar al ordenamiento jurídico nacional la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 2 de noviembre pasado que da la razón a un particular en su denuncia al Estado italiano por la presencia de crucifijos en un colegio público. La sentencia del Tribunal de Estrasburgo señala que "el crucifijo en la escuela pública supone una violación de los derechos de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones y de la libertad de religión de los alumnos".
Lo cierto es que en la proposición aprobada no se mencionan expresamente los símbolos sino los principios. "El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a trasladar la jurisprudencia establecida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, respecto del artículo 9 del Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, relativo a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión desde el principio de neutralidad ideológico y religioso del Estado y, especialmente, en lo relativo a los centros escolares". Este es el texto aprobado y que defendió el portavoz socialista, Luis Tomás, tras la aceptación de Tardà, que era el autor de la iniciativa, que pretendía más concreción en contenidos y plazos. La alusión a los centros escolares, sin especificar que se refiere a los públicos, fue resaltado por la portavoz de CiU, Mercé Pigem, quien justificó su voto en contra por el respeto a la autonomía de los centros.
Pero el portavoz socialista aseguró que sólo se refería a los públicos. Luis Tomás reconoció, eso sí, que esta proposición se enmarca "en la revisión que el Gobierno prepara sobre la Ley de Libertad Religiosa, y por respeto a los 11 millones de votantes socialistasl PP los argumentos del diputado socialista de que esta decisión "no niega el hecho religioso, lo respeta en toda su amplitud, pero ahonda en la aconfesionalidad del Estado".
El portavoz del PP, José Antonio Gómez Trinidad, encadenó un rosario de preguntas inquietantes respecto hasta dónde van a llegar los socialistas: "¿Prohibirán los villancicos?; ¿quitarán la cruz de la bandera de Asturias?; ¿llegarán hasta las casas para quitar los símbolos religiosos?". Los socialistas respondían con un "¡qué barbaridad!".
El crucifijo resiste
Una virulenta reacción conservadora asusta al Gobierno y frena las medidas por la laicidad de la escuela - La doctrina de Estrasburgo agita la Europa católica
(Fuente: EL PAIS J.A. Aunión 4/12/2009)
Una virulenta reacción conservadora asusta al Gobierno y frena las medidas por la laicidad de la escuela - La doctrina de Estrasburgo agita la Europa católica
"No está en los planes del Gobierno retirar los crucifijos de los colegios". Con estas palabras del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, terminó una jornada de gran revuelo entre los partidos políticos, las asociaciones y plataformas de enseñanza, laicas y religiosas, y en la más alta jerarquía de la Iglesia católica.
"No está en los planes del Gobierno retirar los crucifijos de los colegios". Con estas palabras del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, terminó una jornada de gran revuelo entre los partidos políticos, las asociaciones y plataformas de enseñanza, laicas y religiosas, y en la más alta jerarquía de la Iglesia católica. La petición del Congreso al Gobierno, a iniciativa de ERC con aceptación del PSOE, de que traslade una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre retirada de los símbolos religiosos de los colegios públicos encendió la mecha. El presidente del Gobierno, anoche, echó agua al fuego, consciente de que se había abierto un frente del todo imprevisto. Las decisiones en esta materia quedarán para la futura Ley de Libertad Religiosa.
Queda aparcado así un debate que está recorriendo con especial virulencia los países de la Europa católica donde la cruz tiene más presencia pública: Italia, Polonia y España. Las medidas anunciadas para garantizar la laicidad se aplazan en un momento en que la justicia europea da la razón a quienes creen que no cabe el crucifijo en las aulas de la escuela pública. Aún más, algunos expertos creen que la cruz tampoco tendría que presidir las aulas de colegios concertados, lo que no hace más que agitar más la polémica.
Todo empezó por la perseverancia de Soile Lautsi, una ciudadana italiana de origen finlandés contraria a que en el colegio público de sus hijos en Italia hubiera crucifijos. El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha dado la razón a esta mujer, que intentaba desde 2002 que el instituto público Vittorino da Feltre, de Abano Terme (Padua), donde estudiaban sus dos hijos, retirara los crucifijos. El tribunal ha dictaminado que la presencia de esos símbolos católicos en las aulas italianas constituye "una violación del derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones" y "una violación de la libertad religiosa de los alumnos".
Y la espita se abrió. Aunque el Gobierno italiano ha recurrido la sentencia de Estrasburgo y no está claro hasta qué punto vincula al resto de Estados europeos, ayer el Parlamento polaco votó por amplia mayoría la defensa de los crucifijos en las aulas, por miedo a que la decisión de la corte europea abra la puerta a la exigencia de retirarlos, informa Efe. Y en España llegó la resaca de la proposición aprobada en el Congreso de los Diputados para sacar los crucifijos de las aulas.
El incendio se produjo desde el mismo momento que la Comisión de Educación aprobó esa proposición no de ley de ERC con la ayuda del BNG. A la representante de CiU Mercè Pigem se le transformó el gesto al leer que el texto aprobado aludía a "los centros escolares", sin especificar si eran públicos o concertados (privados sostenidos con fondos públicos, la inmensa mayoría, católicos). El portavoz del PSOE en la Comisión, Luis Tomás, aseguró que se trataba de centros "públicos", pero Pigem negaba con la cabeza. En la mañana de ayer los pasillos del Congreso eran un hervidero de comentarios y declaraciones en torno a la decisión que el día anterior, sin alharacas, había tomado la Comisión de Educación. Ahora bien, el autor de la proposición, Joan Tardà, de ERC, aprovechó la indefinición para proclamar que la norma afectaba a centros públicos y concertados.
Y la duda es lo que hizo que el portavoz parlamentario de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, considere que esta proposición supone un ataque en toda regla a la libertad religiosa y, sobre todo, a la autonomía de los centros. Los portavoces socialistas trataron de aparentar normalidad con el argumento de que se trataba de incorporar al ordenamiento jurídico español una sentencia que España debe cumplir por estar suscrita al Convenio de Derechos Humanos.
Así lo hizo el presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, Alfonso Guerra, y el portavoz de Libertades del PSOE, Álvaro Cuesta, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso. Muchas explicaciones se le pidieron al ponente socialista de esta proposición, Luis Tomás, que fue quien negoció línea a línea con Tardà.
Pero ¿afecta la iniciativa a todos los centros? Sólo a los públicos, aseguraron los portavoces socialistas. A pesar de que la proposición no especifica a qué centros se refiere, los interlocutores gubernamentales consideran fuera de la realidad exigir lo mismo a los colegios concertados.
Rodríguez Zapatero, aseguró que la retirada de crucifijos "no está en la agenda del Gobierno en este momento" y añadió que no lo estará hasta que la futura Ley de Libertad Religiosa contemple esa posibilidad. Y, si se hace, será "siempre buscando el consenso", añadió. En la misma línea, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, aseguró: "Estudiaremos esta sentencia, veremos también qué precedentes tiene la doctrina del propio tribunal, la valoraremos con la jurisprudencia de nuestros propios tribunales y, en su caso, si la tenemos que incorporar al proyecto de ley de libertad religiosa, buscaremos siempre el máximo consenso posible en torno a esta cuestión con todas las fuerzas políticas".
También el titular de Educación, Ángel Gabilondo, se esforzó en mantener una línea apaciguadora y mostró su convencimiento de que la ley tendrá en cuenta el artículo 16 de la Constitución, que habla de "la aconfesionalidad del Estado", pero también de "tener en cuenta las creencias religiosas de la población española".
Hasta ahora, la doctrina que había aplicado Educación es la de dejar que sean los consejos escolares de los centros los que decidan sobre los símbolos religiosos dentro de su recinto. No parece que el Gobierno tuviera conciencia exacta de lo que horas antes había aprobado el Grupo Socialista en la Comisión de Educación. El ministro de Educación, por ejemplo, interpretó que lo aprobado por el Congreso era una llamada a desarrollar "con celeridad" la Ley de Libertad Religiosa.
Pero se haga cuando y como se haga, Caamaño añadió que el Gobierno va a examinar con todo detenimiento la sentencia de Estrasburgo "para ver qué grado de exigencia tiene para los Estados miembros". En todo caso, para él hay una diferencia clara entre los centros que cuentan con un ideario y los que no lo tienen, porque esas diferencias se producen también en sus regímenes jurídicos.
No está de acuerdo el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza Antonio Embid Irujo, que no ve esas diferencias. Otra cosa, continúa, es que hagan falta dos sentencias para hablar de jurisprudencia. Aunque está seguro de que, por las similitudes que existen entre España e Italia, si llega un caso español similar a la corte de Estrasburgo, el resultado será el mismo. Y podría ocurrir, porque una sentencia de un tribunal vallisoletano obligó, tras la insistencia de un padre, Fernando Pastor, a retirar los crucifijos del colegio público Macías Picavea y la Junta de Castilla y León ha recurrido ante el tribunal superior autonómico.
Pero el caso es que, sea como sea, "la proposición aprobada obliga políticamente al Gobierno a llevarlo a cabo", dice Dionisio Llamazares, catedrático emérito de la Universidad Complutense y director de la cátedra de Laicidad y Libertades Públicas de la Universidad Carlos III de Madrid. "Se trata de pura coherencia: si este es un país laico, no tiene ningún sentido que las actuaciones públicas estén presididas por símbolos religiosos". De hecho, cree que no deberían estar en ningún centro público, como juzgados u hospitales. En cuanto a la extensión de la medida a los concertados, Llamazares admite que en ese caso es "más discutible y, además, generaría una incomodidad que quizá la sociedad no esté en condiciones de superar sin traumas".
El secretario general de la Federación Española de Religiosos de Enseñanza (FERE), Manuel Castro, dijo directamente que extender la medida a los centros confesionales "es legalmente inviable". En general, los católicos, como ya hicieron el Vaticano y el Gobierno italiano tras la sentencia de Estrasburgo, interpretan la medida, por un lado, como un ataque a la libertad religiosa y, por otro, reivindican los crucifijos, también como icono cultural de la identidad europea. Así, si se retiran de los colegios, se privará "a las familias y a los niños españoles en las escuelas del Estado de poder ver el signo más fundamental y característico de su fe, y de la fe que ha configurado su historia personal, la historia de sus familias y la historia de su pueblo", dijo ayer el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Antonio María Rouco Varela.
La lista de rechazos abarca también a la patronal de colegios privados CECE o la asociación católica de padres Concapa. En el otro lado, la asociación laica de padres Ceapa o el sindicato FETE-UGT aplaudieron la medida.
No hay cifras sobre el número de crucifijos que quedan en las aulas públicas españolas. Sólo la asociación Europa Laica se atreve a aventurar "la estimación" de que uno de cada tres colegios e institutos exhibe crucifijos. El mayor volumen está en Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía, las tres últimas de gobiernos socialistas.
En efecto, los gobernantes socialistas ponen buen cuidado de no hacer gesto alguno contra las tradiciones religiosas, de las que, por otra parte, participan con ahínco. Quizá por eso cuando en la Comisión de Educación el portavoz del PP dio por supuesto que los socialistas acabarían prohibiendo cantar villancicos y "entrarán en las casas" para confiscar crucifijos, los diputados y diputadas del PSOE, algunos con risas, otros con cara de espanto, se echaron las manos a la cabeza, al grito de ¡qué barbaridad!
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