CSI·F ANTE LA PROPUESTA DE CARRERA PROFESIONAL

El Principado ha presentado un borrador de ley para el desarrollo de la carrera profesional ante las mesas de negociación general y sectorial docente, a la vez que la propuesta de carrera profesional para los funcionarios en general, docentes y personal laboral respectivamente, exceptuando el personal sanitario.

CSI·F manifiesta su rechazo a los borradores mencionados por las razones que brevemente se exponen:

En diciembre de 2006 se firmó un acuerdo que desarrollaba la carrera profesional para médicos/as y enfermeros/as y se establecía el marco para el futuro desarrollo del resto de empleados públicos de la Administración del Principado. Se recogían expresamente las cantidades a percibir, el tiempo que comprendía cada tramo y las fechas de implantación de cada período.

La puesta en marcha de todo ello pasó por las resoluciones de mayo y diciembre de 2007 que, por razones ya sabidas, fueron merecedoras de contestación por parte de CSI·F ante los tribunales y que, para resumir, podemos decir que no tenían base legal y que la carrera profesional como tal no existe.

Volviendo a la propuesta actual diremos que lo que el borrador pretende dista mucho de lo allí fijado, las cantidades se desconocen, los cuatro tramos que concluían con una antigüedad de 20 años pasan a veintinueve y el período transitorio de implantación desaparece.

Lo fijado en 2006 para médicos/as y enfermeros/as supuso un logro tal que al año y medio de la propuesta quienes tuvieran antigüedad suficiente y cumplido con lo exigido habrían alcanzado toda su carrera, es decir logrado el cuarto tramo y cobrado 1000 y 666 ? más por mes respectivamente.

CSI·F considera un buen modelo el sanitario y de justicia sería aplicar las mismas condiciones para todos los empleados públicos, claro está, según grupo o categoría.

El período transitorio para médicos y enfermeras ha sido de 18 meses, para el resto de sanitarios es de 4 años y para el resto, empleados de la administración general y docentes no existe, les emplaza a los 29 años. Viene a suponer que no hay desarrollo salvo para los recién llegados al servicio público y que quienes llevan su tiempo en la administración ven cómo sus esperanzas de ir acogiéndose transitoriamente y de forma más no menos pronta a los distintos tramos se han convertido en esperanzas vanas.

CSI·F considera estos tres aspectos importantísimos y que el incumplimiento de cualquiera de ellos fuera suficiente motivo para ser rechazado; sin embargo, las posiciones sindicales, especialmente la de UGT, nos la mala espina. Analizada secuencialmente la prensa vemos cómo su postura ha ido desde el rechazo hasta el práctico acatamiento del borrador.

No podemos olvidar que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia echa por tierra las resoluciones de 2007. Ese panorama anula cualquier discriminación entre funcionarios, discriminación que tomó cuerpo desde el momento en que unos cobraron una cantidad en forma de productividad y otros no. Este aspecto, no baladí, es ignorado también por el borrador y por organizaciones sindicales que bendicen todo lo que hace su administración o cogen el dinero y prefieren taparse la nariz y mirar para otro lado. La voluntad de solucionar el tema pasa por recuperar a quienes no aceptaron el cheque en blanco, invalidado por la sentencia mencionada y por permitir que se suban al carro quienes en enero de 2007 no contaban con la suficiente antigüedad y han ido adquiriéndola a lo largo del tiempo.

Aspecto sangrante y al que seguimos expuestos es la retroactividad, supone una amenaza la obligación de devolver las cantidades percibidas. Más sensato sería consolidar los tramos conseguidos, independientemente de que no se alcanzaran los posteriores.

CSI·F está por el desarrollo del EBEP con la base legal requerida que no sería otra que la ley de función pública para la administración y un desarrollo diferenciado para los docentes.

Oviedo a 13 de octubre de 2009